Conclusiones del encuentro de organizaciones realizado en Santiago del Estero

Las mujeres y los hombres fueron llegando de a poco, al ritmo de los horarios de los micros o de las camionetas que los traían desde diferentes puntos de ocho provincias del norte argentino donde viven. A última hora del miércoles 29 de agosto, casi todos los representantes de las  40 organizaciones que se preparaban para comenzar al día siguiente en Santiago del Estero el “Encuentro de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Argentino”, organizado por Fundapaz,  estaban reunidos.

Cada uno de ellos traía un manojo de expectativas y temas para compartir. Habían estado preparando las exposiciones con las que presentarían a su organización, sus logros y problemáticas. Dificultades que a lo largo de dos días de debate e intercambio quedaron expuestas como el denominador común que unifica la lucha de los pequeños productores, familias campesinas e indígenas que dan vida al sector de la agricultura familiar.

En tiempos donde las políticas públicas dirigidas al sector se desmoronan día a día, las organizaciones acordaron intensificar el trabajo conjunto para diseñar estrategias que permitan fortalecer al sector y mejorar la vida de las familias. Dieron un primer paso con la elaboración de un manifiesto que puntualiza los principales reclamos.

La necesidad de acceder a agua segura para consumo y producción, regularizar la tenencia de la tierra, contar con caminos e infraestructura que hagan posible la comunicación entre los parajes y pueblos, mejorar la comercialización de la producción, y la defensa de la ley de Agricultura Familiar, fueron entre otros, los principales temas que se abordaron.

Los testimonios

“Creo que este encuentro nos sirvió para ver en donde estamos paradas las organizaciones. La mayoría de nosotros en nuestra organización tenemos tierra para cultivar pero dependemos de la Municipalidad para arar. Contratar un tractor para arar una hectárea nos cuesta $800. La gente quiere trabajar pero no tiene acompañamiento del Estado. Desde el 96 que no podemos acceder a ningún proyecto”, contó Cipriana Palomo de la organización Federación Pilagá de Pozo de Tigre, Formosa. En su zona las comunidades siembran zapallo, mandioca, batata y sandía, entre otros productos.

Por su parte Juan Coria representante de APPA de la zona del Salado Norte, Santiago Del Estero, expresó: “desde la  Mesa de tierra estamos tramitando la personería jurídica de la organización. Necesitamos asesoramiento técnico para mejorar el trabajo productivo. En la zona no tenemos caminos ni internet. También hace falta mejoras en salud y educación. Desde hace tiempo nos viene acompañando el hermano Rodrigo de la parroquia San José de las Petacas de Boquerón, pero necesitamos más apoyo”.

A poco de llegar de  la provincia de Jujuy, Sara Aparicio e Ismael Chávez del Consejo de Organizaciones Wichi – Zona Bermejo, dieron también su testimonio: “Las comunidades indígenas somos las más vulnerables. Debemos hacer una autocrítica de cómo estamos trabajando. Proponemos que se forme una comisión que pueda hacer llegar nuestras inquietudes al gobierno nacional”. Al referirse al acceso a la tierra destacaron la necesidad de hacer un ordenamiento territorial a la vez que subrayaron “La tierra, más que nuestro derecho es nuestra vida”.

Cristina Rossetto, de la Asociación de Ganaderos de la Unión y técnica del INTA en Rivadavia Banda Sur, Salta, señaló uno de las carencias que toca a la mayoría de los productores y familias. “El principal problema es la falta de agua. Tenemos que revalorizarnos y revalorizar nuestros recursos naturales. Debemos construir entre todos desde la solidaridad”, destacó y al referirse a la realización del encuentro añadió: “lo que saco de productivo es que uno no se siente sola en la lucha. Nos permite conocer experiencias similares y otras distintas. Nos motiva a continuar en lo que se está haciendo. Es muy enriquecedor”.

Por su parte, Teodoro Suárez, integrante del MoPProfe, Santa Fe, resaltó la necesidad de defender la agricultura familiar y que las organizaciones participen en la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar Mercosur (REAF Mercosur). “Tenemos algo en común que es la tierra. Sin tierra no somos nada, tenemos que cuidar el medio ambiente.  Vemos como se sigue con el desmonte, y ya hay especies nativas que van desapareciendo”.

En el segundo día del encuentro, la agenda  incluyó un panel en el que se analizó el contexto actual del sector,  y en el  que participaron Franca Bacigalupe, miembro de la REAF Mercosur; Valentín Rivero, asesor de pueblos originarios, y Mariela Agüero de Federación Agraria Argentina (FAA).

En nombre de la REAF Mercosur Bacigalupe celebró la realización del encuentro y precisó “Los grandes problemas que mencionaron aquí se dan a nivel regional. Todo lo que se ha dicho representa una problemática que está más allá del norte argentino. Representa a la REAF Mercosur, a los motivos de su surgimiento y sus objetivos”.

A su turno, Agüero señaló que la FAA está  pidiendo tener un diálogo con el gobierno pero “el gobierno actual no nos está dando posibilidad de presentar nuestras inquietudes”. También destacó la voluntad del organismo de seguir trabajando en conjunto con otras instituciones.

Valentín Rivero, por su parte, se refirió a los trabajos que realizan las comunidades indígenas, y a la necesidad de realizar propuestas a largo plazo. “Los pueblos indígenas tenemos representantes a nivel nacional pero no tenemos contacto con ellos. Los años pasan y no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda como pueblos originarios. Algunos caciques ya no existen. Nos preocupan los jóvenes porque no hay caminos de lucha”.

La presentación de herramientas que se pueden utilizar para la incidencia pública como la Plataforma Land Matrix y la utilización de la metodología de trabajo basada en el mapeo participativo, fueron  otros de los temas que se abordaron en un encuentro que reunió las voces de la argentina profunda.

La realización del encuentro contó con el apoyo de la Unión Europea. También acompañaron la International Land Coalition (ILC-AL) y la Plataforma Semiáridos.

Las voces de las comunidades campesinas e indígenas sobre la resolución de conflictos territoriales y de acceso al agua

La implementación de una herramienta de trabajo como es el mapeo participativo, en la resolución pacífica de casos relacionados con conflictos territoriales y el acceso al agua, fue el principal tema que se abordó durante el foro “Acceso de poblaciones rurales a la tierra y al agua”  en el Chaco Trinacional que se desarrolló días atrás en Buenos Aires, organizado por FUNDAPAZ, y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), con el objetivo de facilitar la formulación de nuevos procesos en otros escenarios, y potenciar las acciones impulsadas por los estados y la sociedad civil.

Durante el encuentro representantes de comunidades campesinas e indígenas contaron sus experiencias relacionada con los cuatro casos que se presentaron: el acceso a la tierra y al territorio de comunidades indígenas y familias campesinas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, Salta; a los territorios indígenas en el Chaco Tarijeño boliviano; la regularización territorial de 21 familias del paraje de Garza en Santiago del Estero, que resolvieron su situación en diálogo con un titular privado; y la creación de la Mesa de Agua en el departamento de Rivadavia en Salta.

Al referirse al caso de Santa Victoria Este, Rogelio Segundo, tesorero de la organización wichí Lhaka Honhat, contó: “el mapa nos sirvió para que cada comunidad sepa hasta dónde era su tierra, por ejemplo, y estos mismos mapas los presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exija al Estado actuar en este caso”.

En relación al trabajo que se realizó para obtener información sobre la necesidad de agua en la zona de Los Blancos, al norte de Salta, Rebeca Soraire, secretaria de la Zonal Campesina de esa localidad explicó que se tuvieron que capacitar para el uso de las herramientas de mapeo. “Al principio desconfiábamos un poco del uso de los GPS, hasta que descubrimos que podía ser de gran ayuda. El mapeo nos mostró la gravedad de nuestra propia situación, ya que por ejemplo de 130 familias de la comunidad, 120 tenían problemas de tierra, y todas estaban sin agua”, señaló.

Al precisar el contexto en el que se utiliza, Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de la Fundación destacó que “el mapeo participativo es una herramienta que se aplica en zonas en las que no hay mapas. Allí, las personas recorren el territorio que habitan, y marcan las distintas características del terreno. Con esa información luego se producen mapas, que les permiten salir de una visión personal del problema para ver que son problemas de muchos, de toda la zona, y eso cambia las cosas», aseguró.

Por su parte la antropóloga Chiara Scardozzi, quien estuvo a cargo de la sistematización de los casos destacó que “es un modelo que produce conocimiento a distintos niveles: a la comunidad le brinda sus propios datos cuantitativos y cualitativos. Hacia afuera sienta las bases para las soluciones en conjunto, porque la información de los mapas es transparente, las partes las consideran neutral, esto es lo valioso».

Entre otras autoridades, participaron del foro Cintia Guzmán, representante de FIDA Cono Sur, la subsecretaria nacional de Hábitat y Desarrollo Comunitario, Marina Klemenciewicz; Nora Lucioni, responsable del área SIG del ministerio de Agroindustria; el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta, Luis Gómez Almaras; el constitucionalista, Daniel Sabsay y el  secretario ejecutivo de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), Lautaro Viscay.

También hicieron su aporte Paola Marozzi y Martín Simón de FUNDAPAZ, quienes comentaron los aspectos metodológicos del mapeo; Cristian Venencia de la iniciativa Land Matrix al referirse a los mapas que muestran las grandes transacciones de tierra en América Latina y el Caribe; Zulema Burneo de la International Land Coalition (ILC- ALC) quien presentó el rol que cumple la coalición en los procesos de acceso a la tierra y al agua en la región; y Martin Coria del Servicio Mundial de Iglesias (CWS) en América Latina y el Caribe quien contó el apoyo que brinda la entidad a comunidades y organizaciones de campesinos.

La presentación del libro “Ambiente y pueblos indígenas”, a cargo de Juan Rodrigo Walsh, de la Universidad Católica de Salta, y María Cristina Garros Martínez; ponencias sobre los contextos legales y regionales de estos temas, y los aprendizajes que dejaron los casos completaron la agenda del foro.

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