Mujer Pilcomayo

Historias de vida que siguen el pulso de la tierra

Los pasos que está dando la familia de María Silvia Salto, de la organización Vecinos Unidos, para lograr reubicarse en otro lugar distante de donde vive actualmente, es una de las tantas historias que alientan el proceso de regularización territorial que se lleva adelante desde hace más de 20 años, en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el municipio de Santa Victoria Este, en el norte de Salta.

En un territorio que tiene una extensión de 643.000 hectáreas, las comunidades indígenas que habitan allí ancestralmente, representadas por la Asociación Lhaka Honhat (LH) y las familias criollas que acreditan derechos, representadas por la Organización de Familias Criollas (OFC) y otras organizaciones, desde el año 2000 vienen trabajando juntas en este proceso de reclamo de la tierra y el territorio, en el marco de lo que se conoce como Programa Pilcomayo.

Este Programa, en el que también participan Asociana, acompañando a las comunidades indígenas y FUNDAPAZ, a las organizaciones criollas, cuenta con el apoyo de las agencias Misereor y Pan Para el Mundo, y tiene como objetivo principal unificar estrategias de trabajo y facilitar los acuerdos entre poblaciones con culturas y miradas diferentes que viven en un mismo territorio.

Durante la marcha de este proceso, mientras Lhaka Honhat iba reclamando ante el Estado provincial y más tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el derecho a un título único de la tierra; en el territorio las organizaciones comenzaron a trabajar con una herramienta como es el mapeo participativo, que les permitió visualizar las áreas de uso tanto de las comunidades indígenas como de las familias criollas, para poder construir  una propuesta conjunta de distribución y regularización de la tierra y el territorio.

Con datos e información producida por las poblaciones e instituciones, el gobierno de Salta reconoció en 2007 mediante un decreto, que a las comunidades indígenas les correspondía un territorio de 400.000 hectáreas y otro de 243.000 a las familias criollas.

Más tarde, ya en una nueva etapa, las poblaciones fueron acordando, las áreas asignadas para cada población y se inició un proceso para definir la relocalización de las familias criollas hacia la zona establecida.

Actualmente, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reconoce el derecho a la propiedad comunitaria ancestral y dictamina que el Estado argentino entregue en un título único a las comunidades indígenas un territorio de 400.000 hectáreas, con derecho a conservar la identidad y la garantía de acceso a la alimentación, al agua y a un ambiente sano.  En la misma sentencia los jueces reconocen, el derecho a la tierra para la vida de las familias criollas, sobre un territorio de 243.000 hectáreas.

Ma Silvia y quesos

Es en este contexto, que María Silvia Salto y su familia, pequeños productores que se dedican a la cría de ganado mayor y menor, tomaron la decisión de relocalizarse y están dando los pasos para poder mudarse del paraje Buena Vista hacia el paraje El Molle, una nueva zona a 80 kilómetros de donde viven actualmente.

La familia cuenta con un pozo de agua y un predio destinado al pastoreo. Hace poco pudo realizar un cerramiento de 3 hectáreas, de las cuales en una hectárea implantó Gatton Panic para pasturas y trasplantó algarrobos blancos y chañares. El resto del campo aún no está cercado y tiene una mínima infraestructura productiva debido a que hay que trasladar la unidad domestico-productiva del puesto viejo -con corrales, mangas y bretes, en donde tiene 45 vacas lecheras, 250 cabras y ovejas-, a este nuevo espacio, donde deberán comenzar nuevamente a reorganizar las instalaciones para el manejo de su ganado.

Al consultarle sobre cómo están viviendo esta experiencia – que es una entre las de 20 familias que ya se relocalizaron por sus propios medios-  María Silvia reconoce que es un proceso lento; que otras familias criollas van a poder transitarlo, presentando mayores desafíos para aquellos que son muy mayores.

“Yo todavía no me pude mudar definitivamente porque no tengo agua suficiente, que es fundamental para el consumo y los animales. Además, no está terminada la casa. Por ahora, seguimos limpiando el terreno, haciendo los deslindes y alambrando”, cuenta.

En su familia las mujeres producen de diciembre a septiembre de cada año, quesillo y queso criollo o chaqueño. Tienen un rodeo que les permite obtener no más de 3 a 5 litros de leche por vaca. Esta actividad la complementan con la cría de ganado menor y aves de corral, destinada un 70% para el autoconsumo.

La nueva trama de la vida de las familias chaqueñas protagonistas de este proceso, se va armando de a poco. La mayoría de los actores confía en que se cumpla del Fallo de la CIDH garantizando la toma de medidas de reparación y la realización de obras en el territorio que permitan volver a iniciar la vida en una nueva zona.

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Fundamentos para defender el derecho al agua

Fundapaz conjuntamente con un equipo del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (IDEAS) de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), dieron a conocer las conclusiones de la investigación realizada en torno al tema “Acceso a justicia para lograr el cumplimiento del derecho básico al agua en población rural del chaco salteño y santiagueño”.
Se trata del resultado de más de un año de trabajo que viene realizando la Fundación con la UCASAL e IDEAS en una investigación sobre el acceso al agua como un derecho. El artículo se elaboró para ser utilizado en una estrategia de litigio estratégico y se buscó documentar toda la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema con fundamento en el derecho.
Para su elaboración se tuvo en cuenta todo el proceso de mapeo participativo realizado por la Fundación en el territorio, las acciones de la Mesa de Agua de Salta, y el trabajo territorial en el Chaco Argentino. El equipo de investigación estuvo integrado por: Dra. María Cristina Garros Martínez, directora; Ab. Silvia Borda, y Mg. Ab. Diego Méndez Macías, investigadores; Lic. Paola Marozzi Mo, Ing. Gabriel Seghezzo, y Ab. Jorge Tejerina, apoyo técnico de Fundapaz; y los alumnos Jorgelina Muller, Sonia Valeria Jimenez, Araceli Germán y Nicole Debenau.
“Nos parece un documento único en esta línea de pensar hacia adelante algunas acciones políticas y jurídicas”, señaló Gabriel Seghezzo al referirse a la importancia del documento.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones arribadas en la investigación se destaca la necesidad de profundizar la concientización y sensibilización en relación al derecho humano al agua segura, tarea que pueden realizar las universidades en distintos niveles; incorporar a las organizaciones criollas y a las de las comunidades indígenas a las diferentes Mesas de Agua de cada provincia; realizar reclamos administrativos ante las autoridades competentes pertinentes; promover acciones judiciales en Tribunales provinciales y/o federales por vía del Amparo Judicial; y recurrir por vía judicial ante la justicia provincial y/o federal por la falta de cumplimiento del derecho constitucional al agua potable; y hacer un monitoreo y seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe se publicará completo en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y recursos naturales, N° 36 dirigida por el Dr. Dino Bellorio Clabot. Allí podrán leerse las conclusiones y las recomendaciones.

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