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Festejamos cincuenta años de trabajo en el norte del país

El viernes 28 de julio es una fecha que seguramente quedará en los corazones de los que tuvieron y tienen algún vínculo con FUNDAPAZ. Ese día la Fundación festejó en Vera, Santa Fe, los 50 años de compromiso y trabajo sostenido en el norte argentino.

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En un encuentro en el que estuvieron presentes, los equipos de trabajo, miembros del Consejo de Administración, Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús (orden que realizó la donación fundacional), hijos de Silvia y Jorge Pereda, representantes de funcionarios provinciales, y comunales; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de organizaciones campesinas de la provincia y ex miembros de FUNDAPAZ , entre otros invitados, se recordó el camino institucional recorrido y sus principales logros.

En los primeros años luego de su nacimiento, 14 de julio de 1973, un ex Consejero, Eduardo Serantes, describía a la institución como “un grupo diverso de maravillosas personas que trabajan juntas, con distintos perfiles, pero comprometidos en dar una oportunidad de desarrollo personal y comunitario a los más marginados de la sociedad argentina”.

En la actualidad en Vera, Sara Gaulan, una de las Hermanas del Sagrado Corazón, decía: “Me siento con mucha emoción porque recuerdo a Esther Sastre quien fue en ese momento la Superiora provincial junto con la hermana Virginia Landívar, ellas pensaban que los bienes tenían que ser para la comunidad y eso fue lo que se reflexionó al hacer la donación.  Hoy nosotras estamos acá, pero también están todas nuestras hermanas de distintas comunidades y de Buenos Aires. Sentimos que tenemos un camino hecho en conjunto con FUNDAPAZ. Siempre lo estamos apoyando y agradeciendo”.

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Al referirse al proceso de trabajo de estos años, Martín Simón, coordinador de la Mesa Programática Nacional, señaló que la institución siempre estuvo al lado de las comunidades indígenas y campesinas y de las organizaciones que estas comunidades fueron conformando escuchándolas. “Fue de este modo que hicimos nuestra experiencia. Recuerdo cuando llegué a la institución en 1990, estaba muy perdido en la oficina mirando proyectos, cartillas, y le pregunté a Silvia Pereda ¿qué tengo que hacer? Ella se sentó y me dijo: agarrá la moto y andá a visitar a los productores, mirá muy bien lo que ellos hacen y si podes mejorar un poquito lo que ellos ya están haciendo, ganaste el partido. Fue la mejor lección de extensión rural de mi vida”, destacó a la vez que agregó “no hacemos un trabajo en soledad. Nos relacionamos con muchos actores y siempre con la misma lógica de escucha”.

El trabajo con poblaciones diferentes como son la indígena y campesina es otro aspecto que caracteriza el abordaje institucional en los territorios. En ese sentido, Gabriel Seghezzo, coordinador estratégico de Gestión y Relaciones Institucionales, contó: “Trabajar de esta manera hace 50 años no era algo bien visto ni siquiera en los grupos territoriales. O se trabaja con indígenas o con campesinos, eran enemigos y tenían que resolver sus conflictos. Cuando en 1982 las Hermanas del Sagrado Corazón, que tenían una oficina en Los Blancos, Salta, llamaron a  FUNDAPAZ  para resolver un problema de tierras, porque en principio el gobierno de la provincia quería resolver los conflictos en tierras fiscales, la fundación va a los Blancos para intentar  resolver ese conflicto y allí nos encontramos con la población indígena y campesina con los mismos problemas en un mismo territorio; entonces  empezamos a pensar metodologías de acuerdos entre grupos rurales para resolver y presentar propuestas superadoras al Estado. Así se genera una metodología que hoy tiene mucha validez que es un mapeo participativo y de resolución de conflictos para generar propuestas al Estado. De esta manera, se logró el primer acuerdo indígena- campesino en 1997 cuando se entregaron 100.000 hectáreas  a indígenas y campesinos en función del acuerdo territorial que habían hecho.”

“Luego este modelo- agregó- se replicó en Santa Victoria Este, donde 643.000 hectáreas fueron entregadas a indígenas y campesinos bajo acuerdo, donde también hay un juicio internacional ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Esta metodología permite generar información en los lugares donde nosotros trabajamos. Los Estados no la tienen, no saben  que ocurre en el Chaco profundo de la Argentina y en el norte. Y si la sociedad civil la pone a disposición del Estado, en un proceso serio de diálogo, se puede avanzar muy concretamente en encontrar soluciones.”

Darle continuidad a la realización de obras de acceso al agua, seguirá siendo uno de los objetivos a cumplir. “Creemos que promover el acceso a agua segura tanto para comunidades indígenas como para criollos en la zona del Chaco Salteño, es una forma de garantizar que tengan una vida digna. Mediante una labor donde participa la misma gente se construyen cisternas, represas y otras obras que brindan agua para consumo y producción.  Por otro lado, en los últimos tiempos tuvimos que dar junto con otras instituciones, acompañamiento y asesoramiento en temas nuevos para nosotros, como son la prevención de la violencia y el consumo de drogas. Seguramente tendremos el desafío de seguir atendiendo estas problemáticas”, comentó Cristina Garros Martínez, presidenta de FUNDAPAZ, al referirse al futuro institucional.

Distintas voces y recuerdos de los presentes se fueron compartiendo a lo largo de la jornada que se tiñó de fiesta y de emoción al reflexionar sobre lo andado y los pasos futuros en el norte argentino.

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La Comunidad Wichi Lote 75, de Embarcación festejó sus 50 años

Tener la tierra es para las poblaciones rurales indígenas y campesinas, sentir la libertad para imaginar un futuro.

Hace unas semanas, la Comunidad Wichi Lote 75, de Embarcación, Salta, festejó con gran alegría los 50 años desde que las primeras familias comenzaron a hacer una ocupación permanente del territorio, que hoy poseen con reconocimiento y título de Propiedad Comunitaria.

«La celebración fue un hecho muy importante. Yo nací en la Comunidad y conmemorar nuestros 50 años fue algo muy lindo. Nos volvimos a encontrar con mucha gente, como Valentín Rivero quien fue muy importante en el proceso de regularización de la tierra; también, con miembros de otras comunidades. Todos vivimos una fiesta en la que, además, desfilaron nuestros niños«, -contó entusiasmada Liliana Torres, hija del anciano cacique Manuel Torres.

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De acuerdo con el relato histórico que recuperó Liliana, en 1973 las primeras familias empezaron a vivir en el entonces, lote fiscal. Ya en 1961 el poder Ejecutivo de ese momento había dictaminado la donación a las comunidades, de una parcela de la finca Tres Pozos, posibilitando la ocupación efectiva por parte de sus familias. El proceso continuó, y en 1972 se sancionó la Ley N° 4.517, que declaró el lugar como una reserva indígena de 350 hectáreas. En 1987 se consiguió el título de propiedad para 80 de esas hectáreas y más tarde en 2001, para las 270 hectáreas que faltaban.

En un largo camino de búsqueda y compromiso para el reconocimiento de sus derechos, hoy la comunidad cuenta con una escuela intercultural bilingüe, donde se trabaja para ofrecer una educación de calidad, promoviendo y difundiendo los valores culturales del pueblo wichi que le permite, mantener vigente y continuar con sus tradiciones.

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«Tener el título de las tierras es muy importante. Las familias pueden tener sus casitas y sus huertas. Hoy somos 200 familias que además contamos con un salón comunitario donde realizamos diferentes actividades para niños y jóvenes, y una cancha para hacer deportes. Esto tiene un gran valor. Nos sentimos libres en nuestra tierra y territorio«, destacó Liliana.

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