Sin embargo, diversas ONG en la zona, como Fundapaz y Asociana, comentan que las comunidades no se quedan de brazos cruzados. Desde el año 2000, estas organizaciones comenzaron a brindar capacitaciones a líderes de las comunidades para el relevamiento de mapas a través de GPS en zonas en que jamás habían contado con uno.
“Los mapas siempre han sido una herramienta de control y dominio, pero en este caso las comunidades se apropiaron del espacio y lo entendieron, porque son zonas en los que no hay había nada de información”, asegura la antropóloga Chiara Scardozzi.
El mapeo de la zona lleva a comprender a quién pertenecen esas tierras, cuáles son los límites y en qué zonas se carece de abastecimiento de agua.
“El mapeo ha sido una revaloración del territorio. Es una puesta en valor de lo que son y pueden hacer, de lo que saben y lo que tienen. Hay que terminar con el paradigma de la región pobre, ya todos sabemos lo pobres que son”, destaca la antropóloga, quien vivió ocho años con comunidades wichi.
Foro. El encuentro fue organizado por la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), de la ONU.
En el foro, al que pegó el faltazo el gobernador Juan Manuel Urtubey, tres comunidades presentaron sus experiencias en la resolución de conflictos territoriales y de acceso el agua del Chaco trinacional, gracias a la implementación del mapeo participativo.
“Estos permiten salir de un problema en particular para ver que son problemas de muchos, de la zona, y eso cambia las cosas”, afirma Gabriel Seghezzo, director ejecutivo de Fundapaz.
Desde las comunidades, Rogelio Segundo, cacique de la Misión La Curvita en Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia, donde viven 104 familias, narra: “Los ríos están contaminados. Los criollos no delimitan el territorio de pastoreo de los animales, entonces no podemos cosechar. Los pozos de agua tienen más de veinte años y sabemos que tienen arsénico. Pero no tenemos otro acceso. Los niños nacen con malformaciones. Problemas en los dientes”.
Gracias al mapeo en esa zona, promocionado por las ONG, se pudo determinar el acceso a la tierra de pueblos originarios y familias campesinas de un total de 643 mil hectáreas: 400 mil para 71 comunidades indígenas, y 243 mil para 462 familias.
Sin embargo, el Estado no se los reconoce. Por lo cual, Segundo advierte: “El mapa nos sirvió para que cada comunidad sepa hasta dónde era su tierra. Ahora estos mismos mapas los presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exija al Estado actuar en este caso”.
Este cacique recalca: “Allí tenemos nuestros lugares sagrados. Protegemos las especies. Buscamos terminar con la tala indiscriminada. Ya tuvimos 21 prórrogas por parte de la Corte en los últimos cinco años y sigue todo igual. No nos dan una respuesta”.
La otra zona rural donde se avanzó con el mapeo es en Los Blancos, 300 kilómetros al sur de Santa Victoria Este, cerca del límite con Formosa.
De un lado de las vías, viven las comunidades wichi, y del otro, los campesinos. Comparten la escuela, la sala de salud y la canilla de agua potable del pueblo.
El coordinador zonal wichi, Néstor Montes, quien fue capacitado para el mapeo, brinda un panorama: “Nuestro problema principal es el agua. Hay once comunidades que no tienen acceso. Vivimos con niños bajo peso. Hay mucha deshidratación. Hicimos una cisterna pero no da abasto”.
Por su parte, la secretaria zonal campesina de Los Blancos, Rebeca Soraire, agrega: “Nosotros los campesinos jamás nos vamos a sentir de igual a igual. El mapeo nos mostró la gravedad de nuestra propia situación, ya que por ejemplo de 130 familias de la comunidad, 120 tenían problemas de tierra, y todas estaban sin agua”.
“Nosotros también somos parte del país”
“No nos queremos morir acarreando agua”, afirma con total soltura y fuerza Rebeca Soraire, secretaria zonal campesina de Los Blancos, quien todos los días pedalea dos horas en su bicicleta desde la zona rural hasta el pequeño poblado para hacer la fila diaria y llenar su botella en la canilla de agua potable del centro urbano. “Muchas veces aprovechamos cuando nuestros chicos están en el colegio para cargar los bidones y después volver”, dice. Del foro también participaron el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta, Luis Gómez Almarás, y la subsecretaria nacional de Hábitat y Desarrollo Comunitario, Marina Klemensiewicz, quien aseguró que “el gobierno nacional está invirtiendo 3.200 millones de pesos en infraestructura en la provincia de Salta, y la mitad del total está destinado al Chaco salteño”. Pero Rebeca reclama “más presencia del Estado. Nosotros también somos parte del país. Estamos cansados de promesas”. Los organizadores del foro fueron la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz) que desde 1973 trabaja por el desarrollo rural sustentable con comunidades indígenas y campesinas en la región del Chaco argentino, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de Naciones Unidas.
