Los pasos que está dando la familia de María Silvia Salto, de la organización Vecinos Unidos, para lograr reubicarse en otro lugar distante de donde vive actualmente, es una de las tantas historias que alientan el proceso de regularización territorial que se lleva adelante desde hace más de 20 años, en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el municipio de Santa Victoria Este, en el norte de Salta.
En un territorio que tiene una extensión de 643.000 hectáreas, las comunidades indígenas que habitan allí ancestralmente, representadas por la Asociación Lhaka Honhat (LH) y las familias criollas que acreditan derechos, representadas por la Organización de Familias Criollas (OFC) y otras organizaciones, desde el año 2000 vienen trabajando juntas en este proceso de reclamo de la tierra y el territorio, en el marco de lo que se conoce como Programa Pilcomayo.
Este Programa, en el que también participan Asociana, acompañando a las comunidades indígenas y FUNDAPAZ, a las organizaciones criollas, cuenta con el apoyo de las agencias Misereor y Pan Para el Mundo, y tiene como objetivo principal unificar estrategias de trabajo y facilitar los acuerdos entre poblaciones con culturas y miradas diferentes que viven en un mismo territorio.
Durante la marcha de este proceso, mientras Lhaka Honhat iba reclamando ante el Estado provincial y más tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el derecho a un título único de la tierra; en el territorio las organizaciones comenzaron a trabajar con una herramienta como es el mapeo participativo, que les permitió visualizar las áreas de uso tanto de las comunidades indígenas como de las familias criollas, para poder construir una propuesta conjunta de distribución y regularización de la tierra y el territorio.
Con datos e información producida por las poblaciones e instituciones, el gobierno de Salta reconoció en 2007 mediante un decreto, que a las comunidades indígenas les correspondía un territorio de 400.000 hectáreas y otro de 243.000 a las familias criollas.
Más tarde, ya en una nueva etapa, las poblaciones fueron acordando, las áreas asignadas para cada población y se inició un proceso para definir la relocalización de las familias criollas hacia la zona establecida.
Actualmente, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reconoce el derecho a la propiedad comunitaria ancestral y dictamina que el Estado argentino entregue en un título único a las comunidades indígenas un territorio de 400.000 hectáreas, con derecho a conservar la identidad y la garantía de acceso a la alimentación, al agua y a un ambiente sano. En la misma sentencia los jueces reconocen, el derecho a la tierra para la vida de las familias criollas, sobre un territorio de 243.000 hectáreas.
