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Avances en el Programa Pilcomayo: acuerdo para un nuevo lunar criollo

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El Programa Pilcomayo alcanzó un nuevo hito con la conformación del Lunar Criollo «Pozo El Chañar», un área de 3.800 hectáreas ubicada al este de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el municipio de Santa Victoria Este, provincia de Salta.

El acuerdo fue posible gracias al diálogo y la construcción de consensos entre las comunidades originarias de Vertientes de la Costa, Bajo Grande, Alto La Sierra y San Bernardo, y las diez familias criollas del paraje Pozo El Chañar. El proceso contó con la participación de Lhaka Honhat, la Organización de Familias Criollas (OFC) y la Asociación Civil 20 de Septiembre, con el acompañamiento de FUNDAPAZ y de la Unidad Ejecutora Provincial, creada para dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La firma de este acuerdo representa un paso muy importante dentro del proceso de regularización territorial que se desarrolla en la zona, ya que permite alcanzar un 97% de avance en la definición de los límites entre los territorios indígenas y criollos.

«Para nosotros es el cierre de un largo proceso de negociación entre familias criollas y comunidades originarias. Es un acuerdo beneficioso para ambas poblaciones y para el proceso de regularización dominial en sí, que nos permite reafirmar la confianza entre los actores del Programa», destacó César Ardiles, referente territorial de FUNDAPAZ en el Pilcomayo.

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¿Qué es un lunar criollo?

A partir de los acuerdos alcanzados en el marco del Programa Pilcomayo, la distribución territorial asignó 400.000 hectáreas a las comunidades indígenas y 243.000 hectáreas a familias criollas. En algunos casos, estas familias fueron relocalizadas para cumplir con lo acordado. En otros, las propias comunidades indígenas y las familias criollas decidieron que estas últimas permanecieran en el lugar donde históricamente habían vivido.

Así surgieron los llamados «lunares criollos»: espacios específicos ubicados dentro del territorio indígena donde las familias criollas pueden continuar desarrollando su vida cotidiana. Se trata de una solución construida desde el diálogo y el consenso, que permite resolver conflictos territoriales respetando los derechos y las trayectorias de quienes habitan el territorio.

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Un proceso que lleva décadas

El Programa Pilcomayo es una experiencia única de diálogo intercultural y búsqueda de soluciones compartidas en torno al acceso a la tierra.

Hace más de cuarenta años, las comunidades indígenas iniciaron el reclamo por el reconocimiento de la propiedad comunitaria de sus territorios en los ex lotes fiscales 55 y 14. Al mismo tiempo, las familias criollas que habitaban la zona desde hacía generaciones también buscaban garantizar sus derechos sobre la tierra.

En el año 2000, ambas poblaciones comenzaron un proceso de trabajo conjunto que dio origen al Programa Pilcomayo, integrado por las organizaciones representativas de cada sector, junto con el acompañamiento de FUNDAPAZ y ASOCIANA.

Fruto de ese camino de diálogo, en 2014 se alcanzó un acuerdo histórico sobre la distribución del territorio, posteriormente reconocido por el Gobierno de Salta y ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. El resultado fue la adjudicación de 400.000 hectáreas a las comunidades indígenas y 243.000 hectáreas a las familias criollas.

Hoy, la conformación del Lunar Criollo Pozo El Chañar demuestra que, aun frente a desafíos complejos, es posible avanzar mediante el encuentro, la escucha y la construcción de acuerdos duraderos. Cada nuevo paso fortalece la seguridad jurídica de las familias involucradas y acerca al Programa Pilcomayo al cumplimiento de uno de sus principales objetivos: garantizar el acceso a la tierra a través de procesos participativos y respetuosos de la diversidad cultural.

Santa Fe: avances en la reglamentación de la Ley 13.666

El gobierno de Santa Fe presentó ante una Mesa Regional de instituciones y organizaciones su propuesta de reglamentación de la Ley 13666 «Declaración de emergencia y suspensión de desalojos en predios rurales» y se espera que salga su regulación en los próximos días.

Dicha ley prorroga la suspensión de desalojos, en toda la provincia por dos años desde el 29 de febrero de 2020 hasta el 28 de febrero 2022, de agricultores familiares que estén produciendo y que tengan alguna irregularidad en sus títulos de tierra o que no tengan títulos y sean poseedores.

Durante este período de tiempo se espera que se normalice la situación de muchas familias campesinas. Para eso se pondrá en marcha un Programa de Regularización Dominial, en el marco del cual se estudiará cada caso y se hará una propuesta de acceso a la tierra, que luego pasará a una Comisión integrada por funcionarios y representantes de las organizaciones, que dará un dictamen final sobre cada caso analizado.

«Esto es muy importante. Es un logro del Movimiento Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPProfe) que viene trabajando con Fundapaz desde hace varios años en este tema. Muchas veces se tuvo que prorrogar la ley por períodos de dos años. Ahora se está por reglamentar y esperamos que muy pronto empiece a funcionar el Programa de Regularización Dominial y la Comisión que tiene que aprobar cada caso», expresó Martín Simón, Director de Programas Provinciales de FUNDAPAZ.

Por su parte, Teodoro Suárez, dirigente de la UOCB e integrante de la Mesa Ejecutiva y de Gestión del MoPProfe, señaló que la reglamentación de esta ley significa darles un poco de seguridad y tranquilidad a las familias. «En el norte de la provincia hubo conflictos serios por este tema. Las organizaciones venimos desde hace años haciendo un trabajo de base, analizando los distintos casos y asesorando a los pequeños productores, por eso estamos muy contentos de que esto finalmente se concrete».

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