Representantes de la Organizaciones de Familias Criollas (OFC), Vecinos Unidos, Raíces del Chaco, 20 de Septiembre; de comunidades indígenas agrupadas en Lhaka Honhat (LH); miembros de ASOCIANA y FUNDAPAZ, quienes con el apoyo de las agencias Misereor y Pan Para el Mundo, venimos desde hace más de 20 años participando en el proceso de regularización territorial de las dos poblaciones  en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, Salta, nos reunimos recientemente para revalorizar y evaluar el camino recorrido, reconocer los desafíos y acordar un nuevo plan de trabajo para los próximos años.

En el marco de este proceso, denominado localmente Programa Pilcomayo, luego de muchos años de gestiones ante el gobierno provincial y nacional, realización de mapeos participativos, diálogos y acuerdos entre los principales actores para tratar de resolver este caso que abarca 643.000 hectáreas y presenta a dos poblaciones viviendo en un mismo territorio, LH presentó en 1998, con patrocinio del CELS, su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

En 2020 la Corte IDH falló a favor de las comunidades, dispuso que se le entregara un título único de propiedad comunitaria de 400.000 has y, a la vez, obliga al Estado argentino a garantizar en un plazo de 6 años el derecho a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación y al agua. En este contexto también se reconoce el derecho a propiedad de la tierra de 243.000 hectáreas para las familias criollas. Muchas de ellas se tendrán que relocalizar fuera del territorio indígena.

Actualmente, el territorio está medido y delimitado en un 90 por ciento. Hay entre 15 y 20 familias criollas que se relocalizaron por sus propios medios. Falta aún acompañamiento y recursos de parte del Estado, para terminar de completar el proceso en los tiempos previstos por la Corte.

“Es necesario ver cómo se proyecta la vida en el territorio. Hay que diagramar un modelo productivo para las familias y ver qué impacto tiene en las personas. Hoy hay gente que ya está reubicada, otras que no y otras a las que le falta interiorizarse bien con todo el proceso”, señaló Ivan Palomo de la organización Vecinos Unidos, y destacó que para mudarse se necesita agua y obras de infraestructura.

Por su parte Cristina Pérez, coordinadora de LH destacó que “es necesario mantener la memoria. Si queremos tener algo es importante empezar por la memoria. Las dos partes entendimos que para solucionar esto teníamos que llegar a un acuerdo. Hoy estamos en una nueva etapa de esta lucha, tenemos que ver cómo nos organizamos, qué tipo de gobernanza queremos para el territorio y también ver qué piensan los jóvenes”.

La necesidad de seguir trabajando juntos garantizando la paz social fue uno de los principales acuerdos confirmados. “Al analizar la línea de tiempo de este proceso histórico se vio cómo al principio se desconfiaban unos de otros, se tenían miedo. Luego se fueron conociendo más, profundizaron el diálogo y finalmente decidieron trabajar juntos en este reclamo. En esta reunión se está acordando cómo continuar el camino en una nueva etapa”, comentaba Silvia Reynoso de FUNDAPAZ.

José Cantero de ASOCIANA agregó: “Con la denuncia ante la CIDH y el proceso de trabajo se consiguieron cosas importantes, pero falta muchísimo. Por otro lado, la pandemia nos dejó una huella muy profunda porque se fueron dirigentes muy importantes”.