Sin agua no hay vida

Sin agua no es posible la vida

La aguda crisis alimentaria y sanitaria de Salta, que no es nueva pero que se visibilizó en estas últimas semanas debido a la lamentable muerte de los niños wichí en el norte de la provincia, provocada, entre otras cuestiones, por la falta de agua potable, subraya la urgencia de seguir trabajando para garantizar un derecho humano básico como es el acceso al agua.
En el Chaco salteño, en el departamento Rivadavia, hay más de 2.000 puntos de necesidad de agua relevados por el gobierno provincial. Atenta a esta problemática, en los últimos años FUNDAPAZ viene desarrollando distintas líneas de trabajo que posibilitan el acceso a dicho recurso por parte de comunidades indígenas y familias campesinas.
En 2014 comenzó a impulsar obras de construcción comunitaria de cisternas de 16.000 litros para cosechar agua de lluvia. El acceso al agua dulce mediante procesos de cosecha de lluvia y el almacenamiento posterior en cisternas de placas, es una tecnología que plantea una solución posible a esta emergencia.
De las 1190 obras totales para cosechar agua de lluvia que se hicieron en Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, el 48.15% de las cisternas están radicadas en esta última provincia.
“Las cisternas, no son más que aljibes que incluyen una práctica que se desarrolla desde hace miles de años y que se usa en todo el mundo. Como materia prima el agua de lluvia es la mejor agua que existe para garantizar el agua segura porque no tiene contaminación y es la que se utiliza para garantizar el agua potable en todas las zonas y provincias. Este sistema tiene una ventaja que si, se maneja bien asegurando su mantenimiento y cuidado, no tiene contacto con las napas contaminadas, y por eso las posibilidades de contaminarse son menores”, subrayó Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de FUNDAPAZ.
El programa de construcción de cisternas que viene desarrollando FUNDAPAZ junto a otras instituciones, entidades de gobierno provincial y nacional, incluye instancias de capacitación en la construcción, uso y mantenimiento de las cisternas; es decir la apropiación de la tecnología para cada una de las familias beneficiarias. La metodología propuesta es “aprender haciendo” y está pensada especialmente para comunidades campesinas y pueblos originarios.
En este escenario, una vez más desde FUNDAPAZ planteamos la necesidad de seguir haciendo esfuerzos para garantizar el acceso al agua segura, porque sin agua no hay vida.

Sin agua no hay vida
Horacio carpeta

Fundapaz elaboró una propuesta sobre acceso a la tierra en el norte de Santa Fe

Forma parte de un proceso de trabajo que busca la regularización de la tenencia para organizaciones campesinas e indígenas de Santa Fe en el marco de la ley 13.666.

El anhelo de acceso a la tierra late en cada corazón de las familias campesinas e indígenas de nuestro país donde existe una problemática a resolver. Es por eso que Fundapaz trabaja apoyando a las organizaciones campesinas e indígenas en este tema, desde hace unos 40 años. Son numerosas las experiencias exitosas que se han desarrollado en este tiempo, permitiendo que aproximadamente 1.300.000 de hectáreas fuesen tituladas a favor de las familias en el norte argentino.

 

En Santa Fe, en el año 2017, a instancias de las organizaciones campesinas e indígenas que integran el Movimiento Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPproFe), algunos dirigentes del MoPProFe junto a la diputada Claudia Giaccone, se abocaron a estudiar la problemática. Las motivaciones eran importantes: por un lado, el impacto de los datos sobre acaparamiento de tierras aportado por Land Matrix (una iniciativa global e independiente de monitoreo de tierras, coordinada por Fundapaz en América Latina); y por otro, la proximidad del vencimiento de la suspensión de los desalojos (Ley provincial N° 13.334) que abría la puerta a nuevas situaciones de despojo de las tierras, a campesinos e indígenas.

 

Tras el diálogo que mantuvieron los representantes de las organizaciones y los funcionarios se promulgó la Ley 13666 (anexo 2), que no solo suspendió los desalojos de las familias campesinas e indígenas de toda la provincia, sino que además creó el Programa de Regularización Dominial, con el objeto de realizar un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en territorio provincial y diseñar propuestas para regularizar la posesión. Así, Fundapaz fue convocada para realizar este relevamiento con 200 familias de seis organizaciones del MoPProFe.

El informe que se presentó (ver aquí)  muestra los resultados de dicho relevamiento, con los mapas que indican la posesión de la tierra que ocupan las 200 familias relevadas y las propuestas para el acceso definitivo a la tierra que sugerimos en cada caso. Estas propuestas deben ser analizadas por una Comisión Interministerial creada por la Ley 13666.

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