UNSE

Pensar una formación universitaria para las poblaciones campesinas e indígenas

En la Universidad Nacional de Santiago del Estero ya se dicta una diplomatura para el sector. Se analizan otras ofertas académicas.

En el marco de la realización de una serie de disertaciones que se realizaron a mediados de abril en la Facultad de Humanidades Ciencia Sociales y de la Salud, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) para promocionar la Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales, el viernes 19 FUNDAPAZ en la conferencia sobre “Desigualdades en el extractivismo” que brindó Bernardo Mançano Fernandes , miembro de DATALUTA y profesor de la Universidad de San Pablo, Brasil.

Tras dicha presentación junto con otras organizaciones e instituciones que promueven a la Diplomatura, se realizó en una reunión donde se compartió con Mançano Fernandes detalles sobre el surgimiento de esta propuesta y se analizaron instancias de formación universitaria para el sector campesino e indígena. En la reunión estuvieron representantes del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), del ENCONA, del MOCASE, de FUNDAPAZ y de LAND MATRIX, entre otros.

El surgimiento de dicha diplomatura respondió a la demanda de las organizaciones campesinas para poder acceder a formación universitaria, de vincular a la universidad con los territorios; y pensando en posibilitar que los estudiantes universitarios puedan aprender junto con los dirigentes de las organizaciones territoriales. Se buscó enriquecerla mediante la construcción conjunta de saberes y la realización de acciones que visibilicen la riqueza de los aportes de la agricultura familiar en todo el país. Tiene estudiantes de diferentes departamentos de la provincia de Santiago del Estero y de otras localidades de Salta, Catamarca, Jujuy y Córdoba. Entre ellos hay jóvenes, adultos de mediana edad y algunos adultos mayores.

“Desde la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar Tukuy Kuska estamos trabajando en una línea de capacitación desde 2015. Veníamos solicitando a la universidad un convenio de cooperación, y a todas aquellas instituciones que acompañan a las organizaciones capacitación en diferentes temas.  La idea de la diplomatura se fue gestando con ideas que traían algunos investigadores de Santiago del Estero desde Brasil, sobre cómo trabajan las universidades allá con los campesinos, donde la universidad tiene una mirada más cercada a los territorios y a los movimientos campesinos. Así se fueron dando alianzas de trabajo”, contó Dora Korvalán, dirigente de Tukuy Kuska, quien destacó que se renovaron compromisos para que se pueda dictar la tercera cohorte.

“Como Federación necesitamos que la universidad tenga más presencia en los territorios -añadió-, que esté más abierta a las organizaciones, por eso seguimos realizando convenios de cooperación con la UNSE para que nosotros seamos facilitares de información y de todo lo que se produce en las Facultades; y a la vez para que la universidad puede observar y aprender de lo que sucede en los territorios”.

Por su parte Martín Simon, coordinador de la Mesa Programática de FUNDPAZ, dijo: “En la reunión se manifestó la voluntad de promover una propuesta de formación universitaria accesible para campesinos e indígenas. Tenemos que atender la necesidad que tienen estas poblaciones de tener un título universitario. Es necesario pensar cómo se transforma la propuesta de esta diplomatura en una carrera universitaria que le sirva a los jóvenes”.

Pilcomayo reunion

Nueva etapa en el proceso de regularización territorial en Santa Victoria Este

Representantes de la Organizaciones de Familias Criollas (OFC), Vecinos Unidos, Raíces del Chaco, 20 de Septiembre; de comunidades indígenas agrupadas en Lhaka Honhat (LH); miembros de ASOCIANA y FUNDAPAZ, quienes con el apoyo de las agencias Misereor Pan Para el Mundo, venimos desde hace más de 20 años participando en el proceso de regularización territorial de las dos poblaciones  en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, Salta, nos reunimos recientemente para revalorizar y evaluar el camino recorrido, reconocer los desafíos y acordar un nuevo plan de trabajo para los próximos años.

En el marco de este proceso, denominado localmente Programa Pilcomayo, luego de muchos años de gestiones ante el gobierno provincial y nacional, realización de mapeos participativos, diálogos y acuerdos entre los principales actores para tratar de resolver este caso que abarca 643.000 hectáreas y presenta a dos poblaciones viviendo en un mismo territorio, LH presentó en 1998, con patrocinio del CELS, su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

En 2020 la Corte IDH falló a favor de las comunidades, dispuso que se le entregara un título único de propiedad comunitaria de 400.000 has y, a la vez, obliga al Estado argentino a garantizar en un plazo de 6 años el derecho a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación y al agua. En este contexto también se reconoce el derecho a propiedad de la tierra de 243.000 hectáreas para las familias criollas. Muchas de ellas se tendrán que relocalizar fuera del territorio indígena.

Actualmente, el territorio está medido y delimitado en un 90 por ciento. Hay entre 15 y 20 familias criollas que se relocalizaron por sus propios medios. Falta aún acompañamiento y recursos de parte del Estado, para terminar de completar el proceso en los tiempos previstos por la Corte.

“Es necesario ver cómo se proyecta la vida en el territorio. Hay que diagramar un modelo productivo para las familias y ver qué impacto tiene en las personas. Hoy hay gente que ya está reubicada, otras que no y otras a las que le falta interiorizarse bien con todo el proceso”, señaló Ivan Palomo de la organización Vecinos Unidos, y destacó que para mudarse se necesita agua y obras de infraestructura.

Por su parte Cristina Pérez, coordinadora de LH destacó que “es necesario mantener la memoria. Si queremos tener algo es importante empezar por la memoria. Las dos partes entendimos que para solucionar esto teníamos que llegar a un acuerdo. Hoy estamos en una nueva etapa de esta lucha, tenemos que ver cómo nos organizamos, qué tipo de gobernanza queremos para el territorio y también ver qué piensan los jóvenes”.

La necesidad de seguir trabajando juntos garantizando la paz social fue uno de los principales acuerdos confirmados. “Al analizar la línea de tiempo de este proceso histórico se vio cómo al principio se desconfiaban unos de otros, se tenían miedo. Luego se fueron conociendo más, profundizaron el diálogo y finalmente decidieron trabajar juntos en este reclamo. En esta reunión se está acordando cómo continuar el camino en una nueva etapa”, comentaba Silvia Reynoso de FUNDAPAZ.

José Cantero de ASOCIANA agregó: “Con la denuncia ante la CIDH y el proceso de trabajo se consiguieron cosas importantes, pero falta muchísimo. Por otro lado, la pandemia nos dejó una huella muy profunda porque se fueron dirigentes muy importantes”.

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