Comunidades wichí y familias campesinas de Rivadavia Banda Sur, Salta, están participando en un proceso de planificación colectiva para cuidar el bosque nativo, fortalecer la organización comunitaria y mejorar sus condiciones de vida. La iniciativa es acompañada por FUNDAPAZ junto al INTA y organismos provinciales.

¿Cómo se utiliza el monte? ¿Qué recursos ofrece y cuáles necesitan mayor protección? ¿Dónde hay agua y qué actividades se desarrollan en cada sector del territorio? Responder estas preguntas requiere conocer el lugar, compartir experiencias y, sobre todo, lograr acuerdos.

Con ese propósito, desde FUNDAPAZ estamos acompañando la elaboración de Planes Integrales Comunitarios (PIC) en Rivadavia Banda Sur, Salta, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Yuto) y la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de la provincia, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los PIC son herramientas de planificación que permiten a las propias comunidades identificar sus necesidades, reconocer los recursos con los que cuentan y acordar cómo utilizarlos y cuidarlos. Buscan promover un desarrollo rural sostenible, donde la producción y la mejora de las condiciones de vida puedan convivir con la conservación del bosque nativo.

Actualmente se están desarrollando tres planes en el Lote Fiscal 26, localidad de La Unión, en los que participan nueve comunidades wichí y 66 familias campesinas. Durante estos meses se realizaron 14 talleres, con una participación que superó las 120 personas, reflejando el interés de las familias por involucrarse en las decisiones sobre sus territorios.

Conocerse, dialogar y construir acuerdos

Uno de los aspectos más valiosos de esta experiencia es el encuentro entre comunidades indígenas y familias criollas que comparten el territorio. Los talleres se convirtieron en espacios para intercambiar miradas, conversar sobre las formas de uso de los recursos naturales y construir acuerdos sobre cómo gestionar los bienes comunitarios.

El camino no siempre fue sencillo. Poner en común distintas experiencias y perspectivas requiere tiempo, escucha y voluntad de encontrar puntos de coincidencia. Pero justamente allí reside una de las principales fortalezas del proceso.

“En los primeros momentos desconocía el tema, nos costó llegar a acuerdos, pero luego se fue mejorando; en cada reunión fuimos conociéndonos más”, cuenta Leónidas Romero, integrante de la comunidad criolla del Lote Fiscal 26. Para él, uno de los aprendizajes más importantes fue poder trabajar junto a otras familias y comunidades: “Lo más importante es que pudimos llegar a un acuerdo entre todos. Ojalá que todos estos talleres sean para bien”.

Andrea De Álvarez, referente territorial de FUNDAPAZ en la zona, destaca especialmente esta construcción conjunta entre poblaciones indígenas y criollas, un ejemplo de diálogo intercultural y de la posibilidad de alcanzar acuerdos a partir del trabajo compartido.

Conocer el territorio para cuidarlo mejor

Una de las herramientas utilizadas durante el proceso fue el mapeo participativo. A través de esta metodología, las familias pudieron identificar y representar distintos aspectos de sus territorios: el estado del bosque, los usos actuales de la tierra, la disponibilidad de agua y los recursos naturales existentes, entre otros elementos.

El ejercicio permitió poner en común los conocimientos de quienes viven y trabajan en el lugar, complementándolos con herramientas técnicas para construir una mirada compartida del territorio. “Aprender a hacer el mapeo fue muy importante, para saber hasta dónde se extiende nuestra tierra, cómo está el monte y cómo poder cuidarlo”, explica Leónidas.

Para Natalia Díaz, de la comunidad wichí El Carpintero, el proceso también permitió tomar mayor conciencia sobre el entorno y la responsabilidad de protegerlo: “El PIC nos concientizó sobre el espacio en el que vivimos, en ver qué necesidades y recursos tenemos, y el cuidado que debemos tener en el monte, sabiendo que compartimos con diferentes especies, lo que hace que todos seamos uno solo”.

A partir de estos intercambios también se elaboraron manuales para el uso de los bienes comunitarios y se avanzó en la construcción de acuerdos de gobernanza, pautas compartidas para organizar la gestión y el cuidado de los recursos del territorio.

Un proceso que también fortalece el arraigo

Los Planes Integrales Comunitarios buscan que las comunidades tengan más herramientas para decidir sobre su presente y su futuro. Por eso, además del cuidado ambiental y la planificación productiva, estos procesos contribuyen a fortalecer la organización, la participación y el arraigo de las familias.

En el caso del Lote Fiscal 26, ubicado en la localidad de La Unión, el trabajo tiene además una importancia particular: la información y los acuerdos construidos en el marco del PIC contribuirán al proceso de regularización dominial del territorio, que lleva adelante la Dirección de Tierras Fiscales y Bienes del Estado de la provincia de Salta.

Desde hace más de dos décadas, desde FUNDAPAZ acompañamos a las familias de este territorio en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, realizando distintas gestiones para promover que la provincia retome y avance con este proceso de regularización. Hoy, el trabajo de los Planes Integrales Comunitarios abre una nueva oportunidad para fortalecer ese camino. La información relevada a través de encuestas familiares, los mapeos participativos, los acuerdos sobre el uso del territorio y las pautas de gobernanza construidas entre las comunidades indígenas y las familias criollas constituyen insumos importantes para avanzar en la regularización dominial del Lote Fiscal 26.

Para María Rosa, de la comunidad wichí El Progreso, participar de los encuentros fue también una oportunidad para comprender mejor el proceso y reconocer el valor del trabajo compartido. “En los primeros días nos costaba entender un poco de qué se trataba, pero de a poco fuimos comprendiendo. Hablamos mucho de cómo cuidar el monte, de nuestros trabajos; con el mapeo nos pudimos ubicar”, cuenta.

Cada taller, cada conversación y cada acuerdo forman parte de una construcción que lleva tiempo, pero que permite avanzar hacia una gestión más participativa del territorio. Porque cuidar el monte no significa solamente conservar los árboles y los recursos naturales. También significa reconocer los derechos, los conocimientos y las formas de vida de quienes lo habitan. Y cuando comunidades indígenas y familias campesinas pueden dialogar y construir acuerdos, se abren nuevas posibilidades para cuidar el territorio y proyectar un futuro compartido.