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Avances en el Programa Pilcomayo: acuerdo para un nuevo lunar criollo

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El Programa Pilcomayo alcanzó un nuevo hito con la conformación del Lunar Criollo «Pozo El Chañar», un área de 3.800 hectáreas ubicada al este de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el municipio de Santa Victoria Este, provincia de Salta.

El acuerdo fue posible gracias al diálogo y la construcción de consensos entre las comunidades originarias de Vertientes de la Costa, Bajo Grande, Alto La Sierra y San Bernardo, y las diez familias criollas del paraje Pozo El Chañar. El proceso contó con la participación de Lhaka Honhat, la Organización de Familias Criollas (OFC) y la Asociación Civil 20 de Septiembre, con el acompañamiento de FUNDAPAZ y de la Unidad Ejecutora Provincial, creada para dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La firma de este acuerdo representa un paso muy importante dentro del proceso de regularización territorial que se desarrolla en la zona, ya que permite alcanzar un 97% de avance en la definición de los límites entre los territorios indígenas y criollos.

«Para nosotros es el cierre de un largo proceso de negociación entre familias criollas y comunidades originarias. Es un acuerdo beneficioso para ambas poblaciones y para el proceso de regularización dominial en sí, que nos permite reafirmar la confianza entre los actores del Programa», destacó César Ardiles, referente territorial de FUNDAPAZ en el Pilcomayo.

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¿Qué es un lunar criollo?

A partir de los acuerdos alcanzados en el marco del Programa Pilcomayo, la distribución territorial asignó 400.000 hectáreas a las comunidades indígenas y 243.000 hectáreas a familias criollas. En algunos casos, estas familias fueron relocalizadas para cumplir con lo acordado. En otros, las propias comunidades indígenas y las familias criollas decidieron que estas últimas permanecieran en el lugar donde históricamente habían vivido.

Así surgieron los llamados «lunares criollos»: espacios específicos ubicados dentro del territorio indígena donde las familias criollas pueden continuar desarrollando su vida cotidiana. Se trata de una solución construida desde el diálogo y el consenso, que permite resolver conflictos territoriales respetando los derechos y las trayectorias de quienes habitan el territorio.

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Un proceso que lleva décadas

El Programa Pilcomayo es una experiencia única de diálogo intercultural y búsqueda de soluciones compartidas en torno al acceso a la tierra.

Hace más de cuarenta años, las comunidades indígenas iniciaron el reclamo por el reconocimiento de la propiedad comunitaria de sus territorios en los ex lotes fiscales 55 y 14. Al mismo tiempo, las familias criollas que habitaban la zona desde hacía generaciones también buscaban garantizar sus derechos sobre la tierra.

En el año 2000, ambas poblaciones comenzaron un proceso de trabajo conjunto que dio origen al Programa Pilcomayo, integrado por las organizaciones representativas de cada sector, junto con el acompañamiento de FUNDAPAZ y ASOCIANA.

Fruto de ese camino de diálogo, en 2014 se alcanzó un acuerdo histórico sobre la distribución del territorio, posteriormente reconocido por el Gobierno de Salta y ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020. El resultado fue la adjudicación de 400.000 hectáreas a las comunidades indígenas y 243.000 hectáreas a las familias criollas.

Hoy, la conformación del Lunar Criollo Pozo El Chañar demuestra que, aun frente a desafíos complejos, es posible avanzar mediante el encuentro, la escucha y la construcción de acuerdos duraderos. Cada nuevo paso fortalece la seguridad jurídica de las familias involucradas y acerca al Programa Pilcomayo al cumplimiento de uno de sus principales objetivos: garantizar el acceso a la tierra a través de procesos participativos y respetuosos de la diversidad cultural.

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Avanza el Programa Pilcomayo en Salta

El caso Pilcomayo es un proceso ejemplar de regularización de tierras y diálogo intercultural entre comunidades indígenas y familias criollas en Salta. Luego del histórico acuerdo que reconoció oficialmente las hectáreas de tierra para cada población, hoy continuamos trabajando en la delimitación del territorio y en iniciativas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones involucradas.

Hace más de 40 años, comunidades indígenas iniciaron el reclamo de la propiedad comunitaria de sus territorios en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el municipio de Santa Victoria Este, al norte de Salta. La preocupación por el derecho a la propiedad de la tierra también la tenían las familias criollas, que desde hace más de 100 años habitan ese territorio y acreditan derechos. En el año 2000, ambas poblaciones, representadas por la Asociación Lhaka Honhat y la Organización de Familias Criollas (OFC), junto a ASOCIANA y FUNDAPAZ, con el apoyo de las agencias de cooperación MISEREOR y PAN PARA EL MUNDO, conformaron lo que hoy se conoce como el Programa Pilcomayo.

En 2014, las poblaciones llegaron a un acuerdo histórico en la distribución del territorio, que sería oficializado por el gobierno de Salta con el Decreto 1498/14, y ratificado por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020: así, se adjudicaron 400.000 ha de tierra a comunidades indígenas y 243.000 ha a las familias criollas. En la actualidad, el Programa sigue avanzando con la delimitación del territorio, con obras de acceso al agua y la planificación de actividades productivas.

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Al día de hoy, el 90% de la delimitación del territorio se encuentra realizada. Casi el 70% de las familias criollas con derecho a la tierra ya tienen un acuerdo por la regularización, mientras que nuevas solicitudes se encuentran en evaluación. Desde FUNDAPAZ estamos acompañando a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), entidad creada para cumplir con lo dispuesto por el fallo de la Corte, en los trabajos de demarcación de parcelas.

Más allá del aspecto territorial, el Programa contempla también el fortalecimiento de las organizaciones involucradas. Hoy estamos trabajando en la planificación de las asambleas de las organizaciones criollas, acompañándolas con asesorías contables y en la implementación de mejoras de sus predios. Además, el equipo territorial de FUNDAPAZ está brindando capacitación legal junto a una especialista, la Dra. Castillo, centrada en la interpretación de la Sentencia de la CIDH y en la elaboración de una propuesta que proteja el territorio criollo de posibles ventas y subdivisiones de las unidades productivas.

Por otro lado, el Programa también tiene como objetivo impulsar el acceso al agua para consumo y producción. Ya se han realizado siete obras de cosecha de agua de lluvia para consumo para familias criollas relocalizadas, y se encuentra en proceso un proyecto junto a la Provincia que incluirá la construcción de 18 nuevas obras. En cuanto al acceso al agua para producción, estamos haciendo un seguimiento de la ejecución de la red de agua para las familias criollas reubicadas en la zona sur de la Ruta 54, y capacitaciones en sondeo eléctrico vertical para determinar la calidad y cantidad de agua, lo que permitirá formular nuevos proyectos de pozos someros y profundos.

Además, estamos llevando adelante distintas actividades de capacitación en producción sustentable. Entre otros, se están realizando talleres de apicultura, de ganadería regenerativa, de conservación de forrajes y de reacondicionamiento de los sistemas productivos. Estas capacitaciones les brindan herramientas a las familias criollas y a las comunidades indígenas para potenciar sus actividades productivas y, así, mejorar su calidad de vida.

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Conocé el detalle de este proceso histórico

El caso Pilcomayo es uno de los casos de regularización territorial más grandes del país por la cantidad de población y hectáreas que abarca. Su proceso de resolución es observado no sólo a nivel nacional sino también en varios países de la región.

Te invitamos a recorrer los principales momentos de esta historia en este video: https://www.youtube.com/watch?v=BG8vokN32ko

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