Conclusiones del encuentro de organizaciones realizado en Santiago del Estero

Las mujeres y los hombres fueron llegando de a poco, al ritmo de los horarios de los micros o de las camionetas que los traían desde diferentes puntos de ocho provincias del norte argentino donde viven. A última hora del miércoles 29 de agosto, casi todos los representantes de las  40 organizaciones que se preparaban para comenzar al día siguiente en Santiago del Estero el “Encuentro de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Argentino”, organizado por Fundapaz,  estaban reunidos.

Cada uno de ellos traía un manojo de expectativas y temas para compartir. Habían estado preparando las exposiciones con las que presentarían a su organización, sus logros y problemáticas. Dificultades que a lo largo de dos días de debate e intercambio quedaron expuestas como el denominador común que unifica la lucha de los pequeños productores, familias campesinas e indígenas que dan vida al sector de la agricultura familiar.

En tiempos donde las políticas públicas dirigidas al sector se desmoronan día a día, las organizaciones acordaron intensificar el trabajo conjunto para diseñar estrategias que permitan fortalecer al sector y mejorar la vida de las familias. Dieron un primer paso con la elaboración de un manifiesto que puntualiza los principales reclamos.

La necesidad de acceder a agua segura para consumo y producción, regularizar la tenencia de la tierra, contar con caminos e infraestructura que hagan posible la comunicación entre los parajes y pueblos, mejorar la comercialización de la producción, y la defensa de la ley de Agricultura Familiar, fueron entre otros, los principales temas que se abordaron.

Los testimonios

“Creo que este encuentro nos sirvió para ver en donde estamos paradas las organizaciones. La mayoría de nosotros en nuestra organización tenemos tierra para cultivar pero dependemos de la Municipalidad para arar. Contratar un tractor para arar una hectárea nos cuesta $800. La gente quiere trabajar pero no tiene acompañamiento del Estado. Desde el 96 que no podemos acceder a ningún proyecto”, contó Cipriana Palomo de la organización Federación Pilagá de Pozo de Tigre, Formosa. En su zona las comunidades siembran zapallo, mandioca, batata y sandía, entre otros productos.

Por su parte Juan Coria representante de APPA de la zona del Salado Norte, Santiago Del Estero, expresó: “desde la  Mesa de tierra estamos tramitando la personería jurídica de la organización. Necesitamos asesoramiento técnico para mejorar el trabajo productivo. En la zona no tenemos caminos ni internet. También hace falta mejoras en salud y educación. Desde hace tiempo nos viene acompañando el hermano Rodrigo de la parroquia San José de las Petacas de Boquerón, pero necesitamos más apoyo”.

A poco de llegar de  la provincia de Jujuy, Sara Aparicio e Ismael Chávez del Consejo de Organizaciones Wichi – Zona Bermejo, dieron también su testimonio: “Las comunidades indígenas somos las más vulnerables. Debemos hacer una autocrítica de cómo estamos trabajando. Proponemos que se forme una comisión que pueda hacer llegar nuestras inquietudes al gobierno nacional”. Al referirse al acceso a la tierra destacaron la necesidad de hacer un ordenamiento territorial a la vez que subrayaron “La tierra, más que nuestro derecho es nuestra vida”.

Cristina Rossetto, de la Asociación de Ganaderos de la Unión y técnica del INTA en Rivadavia Banda Sur, Salta, señaló uno de las carencias que toca a la mayoría de los productores y familias. “El principal problema es la falta de agua. Tenemos que revalorizarnos y revalorizar nuestros recursos naturales. Debemos construir entre todos desde la solidaridad”, destacó y al referirse a la realización del encuentro añadió: “lo que saco de productivo es que uno no se siente sola en la lucha. Nos permite conocer experiencias similares y otras distintas. Nos motiva a continuar en lo que se está haciendo. Es muy enriquecedor”.

Por su parte, Teodoro Suárez, integrante del MoPProfe, Santa Fe, resaltó la necesidad de defender la agricultura familiar y que las organizaciones participen en la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar Mercosur (REAF Mercosur). “Tenemos algo en común que es la tierra. Sin tierra no somos nada, tenemos que cuidar el medio ambiente.  Vemos como se sigue con el desmonte, y ya hay especies nativas que van desapareciendo”.

En el segundo día del encuentro, la agenda  incluyó un panel en el que se analizó el contexto actual del sector,  y en el  que participaron Franca Bacigalupe, miembro de la REAF Mercosur; Valentín Rivero, asesor de pueblos originarios, y Mariela Agüero de Federación Agraria Argentina (FAA).

En nombre de la REAF Mercosur Bacigalupe celebró la realización del encuentro y precisó “Los grandes problemas que mencionaron aquí se dan a nivel regional. Todo lo que se ha dicho representa una problemática que está más allá del norte argentino. Representa a la REAF Mercosur, a los motivos de su surgimiento y sus objetivos”.

A su turno, Agüero señaló que la FAA está  pidiendo tener un diálogo con el gobierno pero “el gobierno actual no nos está dando posibilidad de presentar nuestras inquietudes”. También destacó la voluntad del organismo de seguir trabajando en conjunto con otras instituciones.

Valentín Rivero, por su parte, se refirió a los trabajos que realizan las comunidades indígenas, y a la necesidad de realizar propuestas a largo plazo. “Los pueblos indígenas tenemos representantes a nivel nacional pero no tenemos contacto con ellos. Los años pasan y no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda como pueblos originarios. Algunos caciques ya no existen. Nos preocupan los jóvenes porque no hay caminos de lucha”.

La presentación de herramientas que se pueden utilizar para la incidencia pública como la Plataforma Land Matrix y la utilización de la metodología de trabajo basada en el mapeo participativo, fueron  otros de los temas que se abordaron en un encuentro que reunió las voces de la argentina profunda.

La realización del encuentro contó con el apoyo de la Unión Europea. También acompañaron la International Land Coalition (ILC-AL) y la Plataforma Semiáridos.

Se lanzó una alianza para garantizar el acceso de las poblaciones rurales a los recursos naturales

Ante la presencia de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, funcionarios, representantes de organismos nacionales, agencias intergubernamentales y otras ONGs, cuatro instituciones que desde hace años vienen trabajando en la región del Chaco argentino como son Redes Chaco, Fundapaz, Fundación Plurales y la Federación Agraria, lanzaron el jueves último, una alianza nacional de trabajo denominada “Estrategia Nacional de Involucramiento” que busca que los sectores rurales más vulnerables del país accedan al uso y gestión de la tierra, el agua y a otros recursos naturales.

El objetivo de esta iniciativa, promovida por la International Land Coalition (ILC), es alcanzar cambios en políticas públicas, agendas y prácticas sociales que hagan posible esa meta. En la Argentina, la ENI sumará a otros actores claves públicos y privados comprometidos con dichas poblaciones para potenciar las acciones de incidencia política. Se enfocará en el plano local y nacional y estará articulada con otras iniciativas similares de la ILC  a nivel regional y global  como la Plataforma Semiáridos de América Latina (www.semiaridos.org), Land Matrix  (www.landmatrix.org) o los informes paralelos que presentan los miembros de la ILC en la Argentina  a las Naciones Unidas en diversas instancias.

El primer paso de esta iniciativa se dio el jueves durante su presentación, cuando los participantes de este encuentro, luego de conocer las principales líneas de trabajo y un informe sobre el diagnóstico del país, intercambiaron ideas, experiencias y visiones  sobres las tareas a emprender.

“En la Argentina hay muchas organizaciones con experiencias en los territorios y comprometidas a apoyar un esfuerzo colectivo, creo que va a ser muy útil si la ENI puede articular todo este trabajo y esta expertiz. Eso ya sería un resultado concreto”, opinó Annalisa Mauro, al dar su mirada desde la ILC.

Pablo Frére, de Redes Chaco, coincidió en que “Es un desafío para los diversos actores que venimos trabajando en la región y que tenemos mucha experiencia,  hacer que esta iniciativa esté abierta a todos los sectores y que realice aportes concretos.”

Al mismo tiempo, Daniela Savid de Fundación Plurales, remarcó la necesidad de contribuir a la creación de un espacio que organice y potencie todas las acciones que ya se vienen desarrollando en la región y el país.

La necesidad de un marco legal que regule la propiedad comunitaria de la tierra; la revalorización de la agricultura familiar en sus distintos aspectos, el acceso al agua como un derecho esencial de las personas; el rol de la mujer rural, la necesidad de visibilizar los acaparamientos de tierra, fueron entro muchos otros, algunos de los temas que se hicieron presentes en la reunión como escenarios de trabajo.

Diagnóstico del país

Para fijar un plan de trabajo de la ENI se realizó un diagnóstico de la Argentina, teniendo en cuenta los 10 compromisos asumidos por la ILC. Algunos datos de dicho estudio son:

  • La mayoría de las comunidades aborígenes y campesinas que se encuentran hoy en sus territorios, no tienen la seguridad jurídica de un título de propiedad y se ubican en áreas con bajo potencial para el desarrollo humano.
  • Durante las últimas tres décadas se dio en el país un proceso de concentración de la tierra y los recursos naturales. Los pool de siembra, las grandes empresas agropecuarias, y los inversores nacionales y extranjeros han ocupado las tierras de pequeños y medianos productores campesinos e indígenas, desplazando la actividad productiva de la agricultura familiar de las zonas rurales.
  • Desde hace un tiempo  se advierte la puesta en marcha de políticas que favorecen a los sectores más poderosos del campo y la exportación, mientras que los pequeños productores y las comunidades indígenas van quedando de lado.
  • Formalmente en la Argentina hombres y mujeres acceden a la titularidad de bienes por igual. Sin embargo, la falta de seguridad jurídica que suelen tener las familias campesinas sobre la tierra, hacen compleja la situación de la mujer rural por la facilidad con que es desalojada de su territorios, degradando otros derechos como salud, seguridad alimentaria y educación.
  • En el noroeste y noreste del país la expansión agrícola y el corrimiento ganadero, generan una fuerte presión sobre tierras y bosques nativos habitados en muchas zonas por comunidades indígenas y familias campesinas.

Contacto: plataformaeniargentina@gmail.com

1 4 5 6 7