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Se realizarán más de 40 obras de agua en el Chaco Salteño

FUNDAPAZ firmó con el ministerio de Infraestructura de Salta un convenio para la realización de obras de acceso al agua en cinco parajes de Santa Victoria Este donde viven familias criollas, al norte de la provincia.

Se trata de un acuerdo donde el gobierno provincial invertirá más de $30 millones en la construcción de infraestructura en El Quebracho, Campo Largo, El Tigre, La Yegua y El Chivil. Contempla la realización de 41 obras de agua: 25 cisternas de 16.000 litros para agua de consumo, un pozo profundo de 250 metros para 11 familias ganaderas y 15 represas para otras tantas familias de la zona del Pilcomayo.

Como modelo se tomó el proyecto desarrollado en El Quebracho, donde en 2021 se habilitaron seis cisternas comunitarias de 16.000 litros que se realizaron en el marco del trabajo de la Mesa del Agua. Con la construcción de un pozo profundo, allí se cerrará un circuito que asegura el acceso de agua para el consumo de 11 familias, y para la producción, principalmente ganadera. La idea es replicarlo al resto de las comunidades.

Estas familias fueron reubicadas de acuerdo al proceso de regularización territorial iniciado en los ex lotes fiscales 55 y 14 por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina. Todas están asentadas de manera definitiva en el lugar al que fueron trasladadas y se encuentran organizadas.

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«Este un avance importantísimo por la inversión que va a realizar el Estado, porque demuestra también la consolidación de la metodología de trabajo de FUNDAPAZ y por los impactos reales que tendrá en las familias y en el diseño de este tipo de políticas para el sector», expresó Gabriel Seghezzo, a cargo de la Coordinación Estratégica de Gestión y Relacionamiento Institucional de la Fundación.

Por su parte, el ministro Sergio Camacho marcó la relevancia de este paso porque «abre el espacio a la participación de asociaciones criollas en el proceso de decisión y ejecución de las obras que aseguren agua a vecinos y a la producción del lugar. La interacción con FUNDAPAZ nos permite realizar el abordaje y la capacitación en esos lugares remotos que son importantes para que las obras puedan sostenerse en el tiempo. Es una experiencia que esperamos replicar y en la que es clave la participación de las familias criollas a través de las asociaciones», indicó.

En la firma del convenio también participaron María Cristina Garros Martínez, miembro del Consejo Administrativo de la Fundación; Daniel Herrera, presidente de la asociación Raíces del Chaco, Iván Palomo de Vecinos Unidos y Emérito Arenas de la Organización Familias Unidas.

«Estamos muy agradecidos porque es la primera vez que nos dan la oportunidad de demostrar que podemos realizar las obras y ser partícipes de un proyecto. Para nosotros es un sueño hecho realidad», dijo Palomo al finalizar la reunión.

Fuente: información propia y de la Secretaría de Prensa de Salta. 
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Atlas de acceso y gestión de los recursos naturales de comunidades indígenas y familias campesinas del norte Argentino

Atlas

El presente Atlas de Acceso y Gestión de los Recursos Naturales de Comunidades indígenas y familias campesinas del Norte Argentino ha sido elaborado en el marco del Proyecto “Sistematización del proceso histórico con organizaciones campesinas e indígenas FUNDAPAZ 1973-2021” que cuenta con el apoyo de Misereor, obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo.
Su objetivo es visibilizar, de forma gráfica y esquemática, el trabajo que viene desarrollando FUNDAPAZ desde sus comienzos en 1973, en relación al acceso a la tierra y otros recursos naturales y la construcción comunitaria de procesos socio organizativos.

FUNDAPAZ ha desarrollado muchas actividades vinculadas a estos temas junto con las organizaciones y/o comunidades campesinas e indígenas y, en algunos casos, en articulación con otros actores presentes en los territorios de trabajo en el Chaco Argentino.

El Atlas no sólo permite ofrecer la visión del amplio trabajo de FUNDAPAZ, sino que evidencia los procesos de legitimación y formalización de la propiedad en los territorios realizados por las comunidades y organizaciones.

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