Se lanzó una alianza para garantizar el acceso de las poblaciones rurales a los recursos naturales

Ante la presencia de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, funcionarios, representantes de organismos nacionales, agencias intergubernamentales y otras ONGs, cuatro instituciones que desde hace años vienen trabajando en la región del Chaco argentino como son Redes Chaco, Fundapaz, Fundación Plurales y la Federación Agraria, lanzaron el jueves último, una alianza nacional de trabajo denominada “Estrategia Nacional de Involucramiento” que busca que los sectores rurales más vulnerables del país accedan al uso y gestión de la tierra, el agua y a otros recursos naturales.

El objetivo de esta iniciativa, promovida por la International Land Coalition (ILC), es alcanzar cambios en políticas públicas, agendas y prácticas sociales que hagan posible esa meta. En la Argentina, la ENI sumará a otros actores claves públicos y privados comprometidos con dichas poblaciones para potenciar las acciones de incidencia política. Se enfocará en el plano local y nacional y estará articulada con otras iniciativas similares de la ILC  a nivel regional y global  como la Plataforma Semiáridos de América Latina (www.semiaridos.org), Land Matrix  (www.landmatrix.org) o los informes paralelos que presentan los miembros de la ILC en la Argentina  a las Naciones Unidas en diversas instancias.

El primer paso de esta iniciativa se dio el jueves durante su presentación, cuando los participantes de este encuentro, luego de conocer las principales líneas de trabajo y un informe sobre el diagnóstico del país, intercambiaron ideas, experiencias y visiones  sobres las tareas a emprender.

“En la Argentina hay muchas organizaciones con experiencias en los territorios y comprometidas a apoyar un esfuerzo colectivo, creo que va a ser muy útil si la ENI puede articular todo este trabajo y esta expertiz. Eso ya sería un resultado concreto”, opinó Annalisa Mauro, al dar su mirada desde la ILC.

Pablo Frére, de Redes Chaco, coincidió en que “Es un desafío para los diversos actores que venimos trabajando en la región y que tenemos mucha experiencia,  hacer que esta iniciativa esté abierta a todos los sectores y que realice aportes concretos.”

Al mismo tiempo, Daniela Savid de Fundación Plurales, remarcó la necesidad de contribuir a la creación de un espacio que organice y potencie todas las acciones que ya se vienen desarrollando en la región y el país.

La necesidad de un marco legal que regule la propiedad comunitaria de la tierra; la revalorización de la agricultura familiar en sus distintos aspectos, el acceso al agua como un derecho esencial de las personas; el rol de la mujer rural, la necesidad de visibilizar los acaparamientos de tierra, fueron entro muchos otros, algunos de los temas que se hicieron presentes en la reunión como escenarios de trabajo.

Diagnóstico del país

Para fijar un plan de trabajo de la ENI se realizó un diagnóstico de la Argentina, teniendo en cuenta los 10 compromisos asumidos por la ILC. Algunos datos de dicho estudio son:

  • La mayoría de las comunidades aborígenes y campesinas que se encuentran hoy en sus territorios, no tienen la seguridad jurídica de un título de propiedad y se ubican en áreas con bajo potencial para el desarrollo humano.
  • Durante las últimas tres décadas se dio en el país un proceso de concentración de la tierra y los recursos naturales. Los pool de siembra, las grandes empresas agropecuarias, y los inversores nacionales y extranjeros han ocupado las tierras de pequeños y medianos productores campesinos e indígenas, desplazando la actividad productiva de la agricultura familiar de las zonas rurales.
  • Desde hace un tiempo  se advierte la puesta en marcha de políticas que favorecen a los sectores más poderosos del campo y la exportación, mientras que los pequeños productores y las comunidades indígenas van quedando de lado.
  • Formalmente en la Argentina hombres y mujeres acceden a la titularidad de bienes por igual. Sin embargo, la falta de seguridad jurídica que suelen tener las familias campesinas sobre la tierra, hacen compleja la situación de la mujer rural por la facilidad con que es desalojada de su territorios, degradando otros derechos como salud, seguridad alimentaria y educación.
  • En el noroeste y noreste del país la expansión agrícola y el corrimiento ganadero, generan una fuerte presión sobre tierras y bosques nativos habitados en muchas zonas por comunidades indígenas y familias campesinas.

Contacto: plataformaeniargentina@gmail.com

A diez años de la sanción de la ley de bosques

Durante los últimos días la situación de los bosques nativos del país estuvo bajo la mirada de especialistas, funcionarios y representantes de las organizaciones sociales. Sucede que se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y el acontecimiento abrió el espacio para reflexionar sobre la implementación de la ley y su impacto en el manejo de los bosques.

La norma instruye a las provincias para que elaboren un ordenamiento territorial por medio de un proceso participativo, y categoriza los usos posibles de la tierra estableciendo zonas para  los bosques: rojo, de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse; amarillo, sectores en los que se puede hacer un aprovechamiento sostenible, turismo e investigación; verde, sectores que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad evaluando el impacto ambiental. Además le ley prevé la conformación de un “Fondo de conservación del monte nativo”, cuyo monto corresponde al 0,3% del presupuesto nacional.

Al hacer un balance del tema, Martín Simón, director de Programas Provinciales de FUNDAPAZ,  expresó que si bien muchos datos de la realidad muestran que  se está lejos de lo que la ley se proponía cuando se sancionó en 2007, es mejor contar con la ley que no tenerla. “En las provincias, antes de la ley se recibía muy poca plata para la gestión de los bosques. Con la ley los presupuestos provinciales se incrementaron unas 25 veces. También es importante haber generado un ordenamiento del bosque por su valor de conservación”, dijo  a la vez que señaló que sin embargo “los fondos para la ley de bosques fueron menores a los asignados. Sólo se presupuestó alrededor de un 8% del monto previsto por ley en los 10 años. Por otra parte, actualmente de los 54 millones de hectáreas de bosques nativos del país sólo un 9% tiene un plan de manejo, y la mitad aún no comenzó a desarrollarlo.”

“Otro dato preocupante, es que de un presupuesto de $1.300 millones, en 10 años sólo un 3% fue recibido por pequeños productores. El 97% fue para grandes productores y empresas forestales, que en algunos casos usaron la plata para hacer un desmonte”, destacó.

Según un informe de Greenpeace, “desde la sanción de la Ley de Bosques hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas)”.

Muchos de los actores del sector se reunieron el martes 28 de noviembre, en una jornada organizada por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) y el Instituto “Gino Germani” de la Universidad de Buenos Aires, para pensar sobre las dificultades y los desafíos que plantea la implementación de la ley. “Fue un espacio de reflexión muy bueno” dijo Simón, al tiempo que subrayó que durante el encuentro se coincidió en seguir apoyando la implementación de la ley.

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