Este mes recibimos la visita de monitoreo de Simone Lehmann y Markus Buker, representantes de Misereor (Obra espiscopal de la iglesia católica alemana) quienes estuvieron en la Argentina para conocer el estado de situación del caso Pilcomayo, un proyecto que Misereor acompañan desde hace más de 20 años, y que tiene en su origen una disputa por el acceso a la tierra de 643.000 hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este,  norte de Salta,  donde hoy habitan en un mismo territorio más de 130 comunidades indígenas (reunidas en Lhaka Honhat y otras organizaciones) y 800 familias criollas (nucleadas en organizaciones criollas como la Organización de Familias Criollas –OFC- y otras) con cosmovisiones sobre el uso de los recursos naturales, culturales y productivas diferentes pero unidos en una lucha común por el reconocimiento a sus derechos a la tierra, el territorio y el manejo de los bosques, ríos y pastizales.

Antecedentes del caso

En 1998, Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a causa de la construcción en la zona de importantes obras de infraestructura sin ningún tipo de consulta previa, solicitando al Estado que formalizara su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra mediante la entrega de un título único, sobre una superficie unificada y libre de ganado vacuno. Dicho reclamo fue y sigue siendo apoyado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación de Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).

Como el proceso jurídico internacional se basó en el derecho indígena, fue necesario incorporar una visión política de acuerdos territoriales, que complementen el accionar legal internacional y den viabilidad a todo el proceso de reclamo al Estado argentino para lograr acuerdos generales de distribución de la tierra y los recursos que involucrara a todos los actores. Así en el 2000 se conformó el Proyecto Pilcomayo, una iniciativa apoyada por Misereor, Pan Para el Mundo, donde ASOCIANA y FUNDAPAZ inician el acompañamiento a los dos grupos, indígenas y criollos, promoviendo procesos de diálogo y acuerdos.

Se acordó una estrategia de trabajo única y se presentó al Estado argentino una propuesta de distribución equitativa de la tierra. Para ello, durante más de cuatro años los diferentes actores con el acompañamiento de las instituciones, generaron información mediante la elaboración de mapeos participativos, que permitieron ubicar a los puestos criollos y a las comunidades con sus puntos de uso territorial. También se relevaron datos sobre el estado de los recursos naturales y se sumó un censo poblacional.

El proceso colectivo de construcción de mapas sobre los territorios compartidos permitió visibilizar las formas de habitar, y utilizar la misma superficie por parte de indígenas y criollos.

Luego de un largo proceso de trabajo en 2007, y tras un acuerdo entre Lhaka Honhat y la OFC, el gobierno de Salta se firmó el Decreto 2786/07 por el cual se adjudicó y reconoció el acuerdo realizado por las organizaciones locales de otorgar 400.000 hectáreas a 42 comunidades indígenas existentes en ese momento, y 243.000 hectáreas a las 462 familias criollas que habían acreditado derechos. La acción de las organizaciones y la presión internacional hicieron que el gobierno nacional se comprometiera a realizar la regularización dominial  y un programa de desarrollo local.

En 2014, el gobierno de Salta oficializó el decreto 1498/14 por el que reconoce y transfiere las tierras en propiedad comunitaria a las comunidades y en condominio a las familias criollas.

Esto dio lugar a un proceso de relocalización y planes de reconversión ganadera para las familias criollas, y de manejo de recursos para las comunidades. En este contexto, el Estado argentino, ya sea por medio de la Unidad Ejecutora Provincial  (UEP) de Salta, o de diversos organismos nacionales asumió el compromiso de realizar las obras de infraestructura necesarias (apertura de caminos, construcción de viviendas, obras de acceso al agua, escuelas, puestos sanitarios, etc.) para lograr la regularización territorial efectiva y el desarrollo local.

El 2 de abril de 2020 la CIDH emitió un fallo en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs Argentina” en el que encontró al Estado nacional responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos originarios. La sentencia ordena medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena.

En este marco, hoy se continúa un proceso de negociación sobre la gestión territorial, el avance del plan de infraestructura, y sobre el uso de los recursos naturales para las dos poblaciones.

Al evaluar la situación actual, Ramón Pérez de Lhaka Honhat comentó durante la reunión con Misereor: “Van quedando menos dirigentes para acompañar a las comunidades, pero más que nada queremos seguir con este proceso y que se cumpla la sentencia. Para nosotros son muy importantes los acuerdos. La OFC fue la primera organización con la que nos pusimos de acuerdo. Tenemos que medir los límites. Avanzar con eso”.

Por su parte Esmérito Arenas de la OFC agregó: “Siempre estamos luchando por el proceso de la tierra. Va muy lento; algunos se están yendo y no tuvieron el título de la tierra”.

Dante Albornoz, de la misma organización destacó la importancia de los acuerdos. “Es un proceso lento y es fundamental que nos sigan acompañando y que la provincia se ponga las pilas”, insistió.

Al dar una evaluación general del proceso, Simone Lehmann, de Misereor dijo a los presentes en la reunión: “Me parece muy importante seguir adelante y pode cosechar los frutos de esta lucha para que puedan tener una vida digna, y cumplir con todos los acuerdos que ustedes lograron”.

El caso Pilcomayo es uno de los casos de regularización territorial más grandes del país por la cantidad de población y hectáreas que abarca. Su proceso de resolución es observado no sólo a nivel nacional sino también en varios países de la región.