CIDH | FUNDAPAZ

Fundapaz conjuntamente con un equipo del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (IDEAS) de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), dieron a conocer las conclusiones de la investigación realizada en torno al tema “Acceso a justicia para lograr el cumplimiento del derecho básico al agua en población rural del chaco salteño y santiagueño”.
Se trata del resultado de más de un año de trabajo que viene realizando la Fundación con la UCASAL e IDEAS en una investigación sobre el acceso al agua como un derecho. El artículo se elaboró para ser utilizado en una estrategia de litigio estratégico y se buscó documentar toda la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema con fundamento en el derecho.
Para su elaboración se tuvo en cuenta todo el proceso de mapeo participativo realizado por la Fundación en el territorio, las acciones de la Mesa de Agua de Salta, y el trabajo territorial en el Chaco Argentino. El equipo de investigación estuvo integrado por: Dra. María Cristina Garros Martínez, directora; Ab. Silvia Borda, y Mg. Ab. Diego Méndez Macías, investigadores; Lic. Paola Marozzi Mo, Ing. Gabriel Seghezzo, y Ab. Jorge Tejerina, apoyo técnico de Fundapaz; y los alumnos Jorgelina Muller, Sonia Valeria Jimenez, Araceli Germán y Nicole Debenau.
“Nos parece un documento único en esta línea de pensar hacia adelante algunas acciones políticas y jurídicas”, señaló Gabriel Seghezzo al referirse a la importancia del documento.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones arribadas en la investigación se destaca la necesidad de profundizar la concientización y sensibilización en relación al derecho humano al agua segura, tarea que pueden realizar las universidades en distintos niveles; incorporar a las organizaciones criollas y a las de las comunidades indígenas a las diferentes Mesas de Agua de cada provincia; realizar reclamos administrativos ante las autoridades competentes pertinentes; promover acciones judiciales en Tribunales provinciales y/o federales por vía del Amparo Judicial; y recurrir por vía judicial ante la justicia provincial y/o federal por la falta de cumplimiento del derecho constitucional al agua potable; y hacer un monitoreo y seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe se publicará completo en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y recursos naturales, N° 36 dirigida por el Dr. Dino Bellorio Clabot. Allí podrán leerse las conclusiones y las recomendaciones.

Las comunidades reclaman desde 1984 un título único de propiedad sin subdivisiones sobre los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento de Rivadavia, provincia de Salta.

Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una visita en terreno sobre un caso de derecho al territorio indígena en la Argentina. Los jueces Humberto Sierra Porto y Francisco Pazmiño Freire recorrieron varios parajes del territorio reclamado por las comunidades de la Asociación de Comunidades Aborígenes “Lhaka Honhat”.

Los jueces de la Corte IDH recorrieron algunos puntos claves del conflicto y pudieron observar cómo el ganado suelto y la colocación de alambrados por parte de criollos dentro del territorio de las comunidades afectan de forma directa el modo de vida y las costumbres de más de diez mil personas. Además, los integrantes de la Corte IDH participaron de una asamblea de caciques de Lhaka Honhat con representantes que viajaron desde diferentes puntos del territorio afectado para poder dar cuenta del impacto y la transformación de su modo de vida que generan el ganado bovino, la deforestación y la colocación de alambrados.

Este conjunto de comunidades lleva años reclamando por un título único sin subdivisiones internas a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, provincia de Salta. Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Asociación Lhaka Honhat –con el patrocinio del CELS– hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la Comisión Interamericana dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser un hito para las comunidades indígenas de nuestro país y la región. En la Argentina no existen mecanismos para garantizar el derecho al territorio indígena y los problemas por la falta de titulación se extienden por todo el país. Por eso, pedimos a la Corte IDH reparaciones estructurales que podrían significar un antes y un después para la realidad de los pueblos indígenas en la Argentina.

Fuente: CELS

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