Durante los últimos días la situación de los bosques nativos del país estuvo bajo la mirada de especialistas, funcionarios y representantes de las organizaciones sociales. Sucede que se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y el acontecimiento abrió el espacio para reflexionar sobre la implementación de la ley y su impacto en el manejo de los bosques.

La norma instruye a las provincias para que elaboren un ordenamiento territorial por medio de un proceso participativo, y categoriza los usos posibles de la tierra estableciendo zonas para  los bosques: rojo, de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse; amarillo, sectores en los que se puede hacer un aprovechamiento sostenible, turismo e investigación; verde, sectores que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad evaluando el impacto ambiental. Además le ley prevé la conformación de un “Fondo de conservación del monte nativo”, cuyo monto corresponde al 0,3% del presupuesto nacional.

Al hacer un balance del tema, Martín Simón, director de Programas Provinciales de FUNDAPAZ,  expresó que si bien muchos datos de la realidad muestran que  se está lejos de lo que la ley se proponía cuando se sancionó en 2007, es mejor contar con la ley que no tenerla. “En las provincias, antes de la ley se recibía muy poca plata para la gestión de los bosques. Con la ley los presupuestos provinciales se incrementaron unas 25 veces. También es importante haber generado un ordenamiento del bosque por su valor de conservación”, dijo  a la vez que señaló que sin embargo “los fondos para la ley de bosques fueron menores a los asignados. Sólo se presupuestó alrededor de un 8% del monto previsto por ley en los 10 años. Por otra parte, actualmente de los 54 millones de hectáreas de bosques nativos del país sólo un 9% tiene un plan de manejo, y la mitad aún no comenzó a desarrollarlo.”

“Otro dato preocupante, es que de un presupuesto de $1.300 millones, en 10 años sólo un 3% fue recibido por pequeños productores. El 97% fue para grandes productores y empresas forestales, que en algunos casos usaron la plata para hacer un desmonte”, destacó.

Según un informe de Greenpeace, “desde la sanción de la Ley de Bosques hasta fines de 2016 se deforestaron más de 2,4 millones de hectáreas (120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). El 80% de los desmontes se concentraron en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero (735.462 hectáreas), Salta (567.805 hectáreas), Formosa (292.710 hectáreas) y Chaco (288.937 hectáreas)”.

Muchos de los actores del sector se reunieron el martes 28 de noviembre, en una jornada organizada por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) y el Instituto “Gino Germani” de la Universidad de Buenos Aires, para pensar sobre las dificultades y los desafíos que plantea la implementación de la ley. “Fue un espacio de reflexión muy bueno” dijo Simón, al tiempo que subrayó que durante el encuentro se coincidió en seguir apoyando la implementación de la ley.