La Mesa del Agua se reúne en Salta

La Mesa del Agua se reúne en Salta

La Mesa del Agua se reúne en Salta
La Mesa del Agua en trabajo territorial

Es un espacio de trabajo entre el Estado y la sociedad civil. Abordará la continuidad de políticas públicas para garantizar el acceso al agua a habitantes de zonas rurales, como el Chaco salteño.

La Mesa del Agua, que integran organismos del gobierno provincial y nacional y ONGs, se reunirá hoy de 9 a 12, en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta.

El evento es abierto al público y durante su transcurso se abordará la continuidad de políticas públicas en torno a garantizar el acceso al agua y el trabajo de este espacio como “un esfuerzo entre Estado y Sociedad Civil”.

La primera Mesa en Salta se conformó en 2016 en el marco de un convenio internacional que firmó la cartera de Asuntos Indígenas y del que participaron Fundapaz, plataformas internacionales como Semiáridos de América Latina, la International Land Coalition (ILC), el programa Integrado Trinacional (PIT) y el Servicio Mundial de Iglesias (CWS).

Al comienzo se puso el foco en el norteño departamento Rivadavia por “la necesidad imperiosa de acceso al agua segura de las comunidades rurales dispersas, criollas e indígenas”, explicó a Salta/12 el director ejecutivo de Fundapaz, Gabriel Seghezzo.

Después se fue ampliando a otras zonas de la provincia, ahora la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz trabaja también con el departamento San Martín. En la reunión de hoy se van a abordar distintos ejes temáticos, uno de ellos es el avance de obras y acciones realizadas por cada uno de los miembros de la Mesa.

Seghezzo indicó que una de las propuestas en la que vienen trabajando es la generalización del modelo brasilero del agua que permite garantizar una solución para la población rural dispersa. Esa iniciativa se basa en la construcción de cisternas que captan agua de lluvia para el consumo humano y tienen un sistema de almacenaje para seis o siete meses.

Hasta el momento se han construido más de 60 en casas de campesinos del Chaco salteño, aunque las necesidades que informó la provincia serían de 2000 solo en Rivadavia, donde “el 50% de la población vive en zona rural, no en los pueblos”.

En este departamento “existía un problema grave del agua porque la subterránea tiene mucha sal (…), en algunos casos tiene arsénico. En otras situaciones no hay o está muy profunda y es costoso sacarla”, contó el director de Fundapaz.

Seghezzo explicó que en la Mesa trabaja de forma articulada “para identificar necesidades prioritarias”. La construcción de cisternas se realiza “con el enfoque de garantizar el acceso al agua como derecho universal básico”.

Cada cisterna cuesta alrededor de 1200 dólares, la captación del agua se hace en los techos. Estos proyectos se financian con fondos de cooperación internacional y también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del INTA, que también está implementando este modelo y “la provincia no es la que más construye, hizo entre 8 o 9”.

“No es un sistema improvisado, se copió de Brasil, donde ya llevan construidas 1.200.000 en 20 años”, dijo Seghezzo. Aclaró que es un modelo de movilización y capacitación social, “son las comunidades las que se apropian de la tecnología, aprenden el uso, y construyen las cisternas, es un esquema participativo”.

 

Una ley para las cisternas

Otro de los temas que se evaluará en la Mesa este martes tiene que ver con las capacitaciones y análisis de agua que se hacen en las zonas y el plan de trabajo a seguir a partir de un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Grupo de Estudios e Investigadores Socio-ambientales del Instituto de Investigaciones en Energías No Convencionales (GEISA-INENCO) de la Universidad Nacional de Salta.

Se hablará sobre el estado parlamentario del proyecto de ley de agua en Salta, promovido por la Mesa, que consiguió este año media sanción en Diputados y espera el tratamiento en el Senado. La iniciativa plantea que las escuelas y viviendas que se hagan en zonas rurales tengan cisternas para la cosecha y depósito del agua.

Además, en la reunión se planteará la creación de la Mesa del Agua en Irala Fernández, en el Chaco paraguayo y su vinculación con la de Salta.Otro de los puntos será la organización del Foro Público sobre el Agua en el Chaco salteño, propuesto por la Mesa y la OPS para la última semana de noviembre o la primera de diciembre.

La Mesa también planea realizar antes del cambio de gobierno un evento público sobre el trabajo que vienen haciendo con el objetivo de que sea tenido en cuenta por la próxima gestión.Participan de la Mesa el gobierno provincial, organizaciones sociales y campesinas, Fundapaz, GEISA-INENCO, el CONICET, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el INTA y la OPS.

Las voces de las comunidades campesinas e indígenas sobre la resolución de conflictos territoriales y de acceso al agua

La implementación de una herramienta de trabajo como es el mapeo participativo, en la resolución pacífica de casos relacionados con conflictos territoriales y el acceso al agua, fue el principal tema que se abordó durante el foro “Acceso de poblaciones rurales a la tierra y al agua”  en el Chaco Trinacional que se desarrolló días atrás en Buenos Aires, organizado por FUNDAPAZ, y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), con el objetivo de facilitar la formulación de nuevos procesos en otros escenarios, y potenciar las acciones impulsadas por los estados y la sociedad civil.

Durante el encuentro representantes de comunidades campesinas e indígenas contaron sus experiencias relacionada con los cuatro casos que se presentaron: el acceso a la tierra y al territorio de comunidades indígenas y familias campesinas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, Salta; a los territorios indígenas en el Chaco Tarijeño boliviano; la regularización territorial de 21 familias del paraje de Garza en Santiago del Estero, que resolvieron su situación en diálogo con un titular privado; y la creación de la Mesa de Agua en el departamento de Rivadavia en Salta.

Al referirse al caso de Santa Victoria Este, Rogelio Segundo, tesorero de la organización wichí Lhaka Honhat, contó: “el mapa nos sirvió para que cada comunidad sepa hasta dónde era su tierra, por ejemplo, y estos mismos mapas los presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exija al Estado actuar en este caso”.

En relación al trabajo que se realizó para obtener información sobre la necesidad de agua en la zona de Los Blancos, al norte de Salta, Rebeca Soraire, secretaria de la Zonal Campesina de esa localidad explicó que se tuvieron que capacitar para el uso de las herramientas de mapeo. “Al principio desconfiábamos un poco del uso de los GPS, hasta que descubrimos que podía ser de gran ayuda. El mapeo nos mostró la gravedad de nuestra propia situación, ya que por ejemplo de 130 familias de la comunidad, 120 tenían problemas de tierra, y todas estaban sin agua”, señaló.

Al precisar el contexto en el que se utiliza, Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de la Fundación destacó que “el mapeo participativo es una herramienta que se aplica en zonas en las que no hay mapas. Allí, las personas recorren el territorio que habitan, y marcan las distintas características del terreno. Con esa información luego se producen mapas, que les permiten salir de una visión personal del problema para ver que son problemas de muchos, de toda la zona, y eso cambia las cosas», aseguró.

Por su parte la antropóloga Chiara Scardozzi, quien estuvo a cargo de la sistematización de los casos destacó que “es un modelo que produce conocimiento a distintos niveles: a la comunidad le brinda sus propios datos cuantitativos y cualitativos. Hacia afuera sienta las bases para las soluciones en conjunto, porque la información de los mapas es transparente, las partes las consideran neutral, esto es lo valioso».

Entre otras autoridades, participaron del foro Cintia Guzmán, representante de FIDA Cono Sur, la subsecretaria nacional de Hábitat y Desarrollo Comunitario, Marina Klemenciewicz; Nora Lucioni, responsable del área SIG del ministerio de Agroindustria; el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta, Luis Gómez Almaras; el constitucionalista, Daniel Sabsay y el  secretario ejecutivo de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), Lautaro Viscay.

También hicieron su aporte Paola Marozzi y Martín Simón de FUNDAPAZ, quienes comentaron los aspectos metodológicos del mapeo; Cristian Venencia de la iniciativa Land Matrix al referirse a los mapas que muestran las grandes transacciones de tierra en América Latina y el Caribe; Zulema Burneo de la International Land Coalition (ILC- ALC) quien presentó el rol que cumple la coalición en los procesos de acceso a la tierra y al agua en la región; y Martin Coria del Servicio Mundial de Iglesias (CWS) en América Latina y el Caribe quien contó el apoyo que brinda la entidad a comunidades y organizaciones de campesinos.

La presentación del libro “Ambiente y pueblos indígenas”, a cargo de Juan Rodrigo Walsh, de la Universidad Católica de Salta, y María Cristina Garros Martínez; ponencias sobre los contextos legales y regionales de estos temas, y los aprendizajes que dejaron los casos completaron la agenda del foro.

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