Este mes recibimos la visita de monitoreo de Simone Lehmann y Markus Buker, representantes de Misereor (Obra espiscopal de la iglesia católica alemana) quienes estuvieron en la Argentina para conocer el estado de situación del caso Pilcomayo, un proyecto que Misereor acompañan desde hace más de 20 años, y que tiene en su origen una disputa por el acceso a la tierra de 643.000 hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, norte de Salta, donde hoy habitan en un mismo territorio más de 130 comunidades indígenas (reunidas en Lhaka Honhat y otras organizaciones) y 800 familias criollas (nucleadas en organizaciones criollas como la Organización de Familias Criollas –OFC- y otras) con cosmovisiones sobre el uso de los recursos naturales, culturales y productivas diferentes pero unidos en una lucha común por el reconocimiento a sus derechos a la tierra, el territorio y el manejo de los bosques, ríos y pastizales.
Antecedentes del caso
En 1998, Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a causa de la construcción en la zona de importantes obras de infraestructura sin ningún tipo de consulta previa, solicitando al Estado que formalizara su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra mediante la entrega de un título único, sobre una superficie unificada y libre de ganado vacuno. Dicho reclamo fue y sigue siendo apoyado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación de Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).
Como el proceso jurídico internacional se basó en el derecho indígena, fue necesario incorporar una visión política de acuerdos territoriales, que complementen el accionar legal internacional y den viabilidad a todo el proceso de reclamo al Estado argentino para lograr acuerdos generales de distribución de la tierra y los recursos que involucrara a todos los actores. Así en el 2000 se conformó el Proyecto Pilcomayo, una iniciativa apoyada por Misereor, Pan Para el Mundo, donde ASOCIANA y FUNDAPAZ inician el acompañamiento a los dos grupos, indígenas y criollos, promoviendo procesos de diálogo y acuerdos.
Se acordó una estrategia de trabajo única y se presentó al Estado argentino una propuesta de distribución equitativa de la tierra. Para ello, durante más de cuatro años los diferentes actores con el acompañamiento de las instituciones, generaron información mediante la elaboración de mapeos participativos, que permitieron ubicar a los puestos criollos y a las comunidades con sus puntos de uso territorial. También se relevaron datos sobre el estado de los recursos naturales y se sumó un censo poblacional.
El proceso colectivo de construcción de mapas sobre los territorios compartidos permitió visibilizar las formas de habitar, y utilizar la misma superficie por parte de indígenas y criollos.
Luego de un largo proceso de trabajo en 2007, y tras un acuerdo entre Lhaka Honhat y la OFC, el gobierno de Salta se firmó el Decreto 2786/07 por el cual se adjudicó y reconoció el acuerdo realizado por las organizaciones locales de otorgar 400.000 hectáreas a 42 comunidades indígenas existentes en ese momento, y 243.000 hectáreas a las 462 familias criollas que habían acreditado derechos. La acción de las organizaciones y la presión internacional hicieron que el gobierno nacional se comprometiera a realizar la regularización dominial y un programa de desarrollo local.
En 2014, el gobierno de Salta oficializó el decreto 1498/14 por el que reconoce y transfiere las tierras en propiedad comunitaria a las comunidades y en condominio a las familias criollas.
Esto dio lugar a un proceso de relocalización y planes de reconversión ganadera para las familias criollas, y de manejo de recursos para las comunidades. En este contexto, el Estado argentino, ya sea por medio de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de Salta, o de diversos organismos nacionales asumió el compromiso de realizar las obras de infraestructura necesarias (apertura de caminos, construcción de viviendas, obras de acceso al agua, escuelas, puestos sanitarios, etc.) para lograr la regularización territorial efectiva y el desarrollo local.
