Santa Fe: avances en la reglamentación de la Ley 13.666

El gobierno de Santa Fe presentó ante una Mesa Regional de instituciones y organizaciones su propuesta de reglamentación de la Ley 13666 «Declaración de emergencia y suspensión de desalojos en predios rurales» y se espera que salga su regulación en los próximos días.

Dicha ley prorroga la suspensión de desalojos, en toda la provincia por dos años desde el 29 de febrero de 2020 hasta el 28 de febrero 2022, de agricultores familiares que estén produciendo y que tengan alguna irregularidad en sus títulos de tierra o que no tengan títulos y sean poseedores.

Durante este período de tiempo se espera que se normalice la situación de muchas familias campesinas. Para eso se pondrá en marcha un Programa de Regularización Dominial, en el marco del cual se estudiará cada caso y se hará una propuesta de acceso a la tierra, que luego pasará a una Comisión integrada por funcionarios y representantes de las organizaciones, que dará un dictamen final sobre cada caso analizado.

«Esto es muy importante. Es un logro del Movimiento Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPProfe) que viene trabajando con Fundapaz desde hace varios años en este tema. Muchas veces se tuvo que prorrogar la ley por períodos de dos años. Ahora se está por reglamentar y esperamos que muy pronto empiece a funcionar el Programa de Regularización Dominial y la Comisión que tiene que aprobar cada caso», expresó Martín Simón, Director de Programas Provinciales de FUNDAPAZ.

Por su parte, Teodoro Suárez, dirigente de la UOCB e integrante de la Mesa Ejecutiva y de Gestión del MoPProfe, señaló que la reglamentación de esta ley significa darles un poco de seguridad y tranquilidad a las familias. «En el norte de la provincia hubo conflictos serios por este tema. Las organizaciones venimos desde hace años haciendo un trabajo de base, analizando los distintos casos y asesorando a los pequeños productores, por eso estamos muy contentos de que esto finalmente se concrete».

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Momento crítico para la agricultura familiar

Las organizaciones campesinas e indígenas están atravesando un momento crítico. Si bien tienen un gran potencial para enriquecer la trama social y productiva de las áreas rurales, en la actualidad prácticamente no son reconocidas por el Estado como actores importantes del sector de la agricultura familiar, y las políticas públicas para alentar su desarrollo están desapareciendo.

A la falta de acceso a agua potable para consumo y producción, y a la precariedad en la tenencia de la tierra, problemas que vienen afectando desde hace años a las comunidades y familias campesinas y que atentan contra derechos humanos básicos; hoy se suman inconvenientes que limitan el desarrollo productivo y la comercialización de la actividad que llevan adelante estas poblaciones. La falta de reglamentación de la Ley 27.118 de Agricultura familiar, o la modificación del Monotributo Social Agropecuario (MSA), son sólo dos ejemplos que ilustran lo que sucede.

“Las organizaciones campesinas e indígenas en el norte del país sufren las consecuencias de la concentración de la tierra que llega con el agronegocio, y esto es un obstáculo cada vez mayor para lograr el acceso a la tierra por parte de estos sectores. Una alarmante falta de políticas públicas y de achique en el sector de la agricultura familiar, sumado a la ya histórica falta de apoyo a las familias rurales pobres, caracterizan el momento actual”, expresó Martín Simon, director de Programas Provinciales de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ).

En este contexto, FUNDAPAZ está organizando un encuentro con más de 70 dirigentes de 60 organizaciones de 9 provincias del norte argentino. El objetivo es generar un ámbito de reflexión que permita recuperar los aprendizajes y proyectar alianzas estratégicas para la incidencia política, que promuevan el desarrollo rural y la agricultura familiar, favoreciendo a los pequeños productores y a las familias del sector.

Para conocer el programa del encuentro ingrese aquí

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