About Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz

Somos una organización civil sin fines de lucro que trabaja desde 1973 en el norte argentino para mejorar la calidad de vida de comunidades campesinas e indígenas.

Las voces de las comunidades campesinas e indígenas sobre la resolución de conflictos territoriales y de acceso al agua

La implementación de una herramienta de trabajo como es el mapeo participativo, en la resolución pacífica de casos relacionados con conflictos territoriales y el acceso al agua, fue el principal tema que se abordó durante el foro “Acceso de poblaciones rurales a la tierra y al agua”  en el Chaco Trinacional que se desarrolló días atrás en Buenos Aires, organizado por FUNDAPAZ, y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), con el objetivo de facilitar la formulación de nuevos procesos en otros escenarios, y potenciar las acciones impulsadas por los estados y la sociedad civil.

Durante el encuentro representantes de comunidades campesinas e indígenas contaron sus experiencias relacionada con los cuatro casos que se presentaron: el acceso a la tierra y al territorio de comunidades indígenas y familias campesinas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, Salta; a los territorios indígenas en el Chaco Tarijeño boliviano; la regularización territorial de 21 familias del paraje de Garza en Santiago del Estero, que resolvieron su situación en diálogo con un titular privado; y la creación de la Mesa de Agua en el departamento de Rivadavia en Salta.

Al referirse al caso de Santa Victoria Este, Rogelio Segundo, tesorero de la organización wichí Lhaka Honhat, contó: “el mapa nos sirvió para que cada comunidad sepa hasta dónde era su tierra, por ejemplo, y estos mismos mapas los presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exija al Estado actuar en este caso”.

En relación al trabajo que se realizó para obtener información sobre la necesidad de agua en la zona de Los Blancos, al norte de Salta, Rebeca Soraire, secretaria de la Zonal Campesina de esa localidad explicó que se tuvieron que capacitar para el uso de las herramientas de mapeo. “Al principio desconfiábamos un poco del uso de los GPS, hasta que descubrimos que podía ser de gran ayuda. El mapeo nos mostró la gravedad de nuestra propia situación, ya que por ejemplo de 130 familias de la comunidad, 120 tenían problemas de tierra, y todas estaban sin agua”, señaló.

Al precisar el contexto en el que se utiliza, Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de la Fundación destacó que “el mapeo participativo es una herramienta que se aplica en zonas en las que no hay mapas. Allí, las personas recorren el territorio que habitan, y marcan las distintas características del terreno. Con esa información luego se producen mapas, que les permiten salir de una visión personal del problema para ver que son problemas de muchos, de toda la zona, y eso cambia las cosas”, aseguró.

Por su parte la antropóloga Chiara Scardozzi, quien estuvo a cargo de la sistematización de los casos destacó que “es un modelo que produce conocimiento a distintos niveles: a la comunidad le brinda sus propios datos cuantitativos y cualitativos. Hacia afuera sienta las bases para las soluciones en conjunto, porque la información de los mapas es transparente, las partes las consideran neutral, esto es lo valioso”.

Entre otras autoridades, participaron del foro Cintia Guzmán, representante de FIDA Cono Sur, la subsecretaria nacional de Hábitat y Desarrollo Comunitario, Marina Klemenciewicz; Nora Lucioni, responsable del área SIG del ministerio de Agroindustria; el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta, Luis Gómez Almaras; el constitucionalista, Daniel Sabsay y el  secretario ejecutivo de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), Lautaro Viscay.

También hicieron su aporte Paola Marozzi y Martín Simón de FUNDAPAZ, quienes comentaron los aspectos metodológicos del mapeo; Cristian Venencia de la iniciativa Land Matrix al referirse a los mapas que muestran las grandes transacciones de tierra en América Latina y el Caribe; Zulema Burneo de la International Land Coalition (ILC- ALC) quien presentó el rol que cumple la coalición en los procesos de acceso a la tierra y al agua en la región; y Martin Coria del Servicio Mundial de Iglesias (CWS) en América Latina y el Caribe quien contó el apoyo que brinda la entidad a comunidades y organizaciones de campesinos.

La presentación del libro “Ambiente y pueblos indígenas”, a cargo de Juan Rodrigo Walsh, de la Universidad Católica de Salta, y María Cristina Garros Martínez; ponencias sobre los contextos legales y regionales de estos temas, y los aprendizajes que dejaron los casos completaron la agenda del foro.

La lucha por la tierra y el agua en el Chaco salteño

La lucha por la tierra y el agua en el Chaco salteño

La lucha por la tierra y el agua en el Chaco salteño
Mapeo. Es fundamental para delimitar las tierras y evitar conflictos. Las cisternas reemplazan a los pozos, muy contaminados. | fundapaz / grasso

Representantes de pueblos originarios, campesinos y ONGs realizaron un foro para revelar la difícil vida de las comunidades de esa zona del norte de Salta.

Nota prensa medio: Diario Perfil

En plena Ciudad de Buenos Aires se escucha: “Ustedes están acá tomando agua de una botella como si fuera algo natural. Bueno, para muchos de nosotros esta escena es de lo más extraña”. Lo dijeron representantes de comunidades indígenas y campesinas del Chaco salteño, en el marco del foro sobre el acceso a la tierra y al agua en poblaciones rurales del Chaco trinacional (argentino, boliviano, paraguayo), que se realizó esta semana en el Hotel Castelar.

Agua y tierra. En Salta, tanto pueblos originarios como campesinos aún deben viajar horas para poder conseguir una canilla con agua potable. El Chaco salteño es una de las zonas más postergadas y eso no es una novedad: el 41% de los hogares no tiene agua, o si tiene, paga por ella hasta ocho veces más que en centros urbanos. A eso se suma que en las poblaciones que cuentan con pozos, las napas tienen gran cantidad de sales y arsénico.

El otro gran problema: la tierra. Históricamente, éstas pertenecen a organizaciones wichis, pero con el tiempo fueron llegando criollos que convirtieron muchas en tierras fiscales o fincas privadas. Lo que fue generando un grave problema de titularidad, del cual la gran mayoría de las veces el Estado se ausenta.

Sin embargo, diversas ONG en la zona, como Fundapaz y Asociana, comentan que las comunidades no se quedan de brazos cruzados. Desde el año 2000, estas organizaciones comenzaron a brindar capacitaciones a líderes de las comunidades para el relevamiento de mapas a través de GPS en zonas en que jamás habían contado con uno.

“Los mapas siempre han sido una herramienta de control y dominio, pero en este caso las comunidades se apropiaron del espacio y lo entendieron, porque son zonas en los que no hay había nada de información”, asegura la antropóloga Chiara Scardozzi.

El mapeo de la zona lleva a comprender a quién pertenecen esas tierras, cuáles son los límites y en qué zonas se carece de abastecimiento de agua.

“El mapeo ha sido una revaloración del territorio. Es una puesta en valor de lo que son y pueden hacer, de lo que saben y lo que tienen. Hay que terminar con el paradigma de la región pobre, ya todos sabemos lo pobres que son”, destaca la antropóloga, quien vivió ocho años con comunidades wichi.

Foro. El encuentro fue organizado por la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), de la ONU.

En el foro, al que pegó el faltazo el gobernador Juan Manuel Urtubey, tres comunidades presentaron sus experiencias en la resolución de conflictos territoriales y de acceso el agua del Chaco trinacional, gracias a la implementación del mapeo participativo.

“Estos permiten salir de un problema en particular para ver que son problemas de muchos, de la zona, y eso cambia las cosas”, afirma Gabriel Seghezzo, director ejecutivo de Fundapaz.

Desde las comunidades, Rogelio Segundo, cacique de la Misión La Curvita en Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia, donde viven 104 familias, narra: “Los ríos están contaminados. Los criollos no delimitan el territorio de pastoreo de los animales, entonces no podemos cosechar. Los pozos de agua tienen más de veinte años y sabemos que tienen arsénico. Pero no tenemos otro acceso. Los niños nacen con malformaciones. Problemas en los dientes”.

Gracias al mapeo en esa zona, promocionado por las ONG, se pudo determinar el acceso a la tierra de pueblos originarios y familias campesinas de un total de 643 mil hectáreas: 400 mil para 71 comunidades indígenas, y 243 mil para 462 familias.

Sin embargo, el Estado no se los reconoce. Por lo cual, Segundo advierte: “El mapa nos sirvió para que cada comunidad sepa hasta dónde era su tierra. Ahora estos mismos mapas los presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exija al Estado actuar en este caso”.

Este cacique recalca: “Allí tenemos nuestros lugares sagrados. Protegemos las especies. Buscamos terminar con la tala indiscriminada. Ya tuvimos 21 prórrogas por parte de la Corte en los últimos cinco años y sigue todo igual. No nos dan una respuesta”.

La otra zona rural donde se avanzó con el mapeo es en Los Blancos, 300 kilómetros al sur de Santa Victoria Este, cerca del límite con Formosa.

De un lado de las vías, viven las comunidades wichi, y del otro, los campesinos. Comparten la escuela, la sala de salud y la canilla de agua potable del pueblo.

El coordinador zonal wichi, Néstor Montes, quien fue capacitado para el mapeo, brinda un panorama: “Nuestro problema principal es el agua. Hay once comunidades que no tienen acceso. Vivimos con niños bajo peso. Hay mucha deshidratación. Hicimos una cisterna pero no da abasto”.

Por su parte, la secretaria zonal campesina de Los Blancos, Rebeca Soraire, agrega: “Nosotros los campesinos jamás nos vamos a sentir de igual a igual. El mapeo nos mostró la gravedad de nuestra propia situación, ya que por ejemplo de 130 familias de la comunidad, 120 tenían problemas de tierra, y todas estaban sin agua”.

“Nosotros también somos parte del país”

“No nos queremos morir acarreando agua”, afirma con total soltura y fuerza Rebeca Soraire, secretaria zonal campesina de Los Blancos, quien todos los días pedalea dos horas en su bicicleta desde la zona rural hasta el pequeño poblado para hacer la fila diaria y llenar su botella en la canilla de agua potable del centro urbano. “Muchas veces aprovechamos cuando nuestros chicos están en el colegio para cargar los bidones y después volver”, dice. Del foro también participaron el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta, Luis Gómez Almarás, y la subsecretaria nacional de Hábitat y Desarrollo Comunitario, Marina Klemensiewicz, quien aseguró que “el gobierno nacional está invirtiendo 3.200 millones de pesos en infraestructura en la provincia de Salta, y la mitad del total está destinado al Chaco salteño”. Pero Rebeca reclama “más presencia del Estado. Nosotros también somos parte del país. Estamos cansados de promesas”. Los organizadores del foro fueron la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz) que desde 1973 trabaja por el desarrollo rural sustentable con comunidades indígenas y campesinas en la región del Chaco argentino, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de Naciones Unidas.

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