Para las familias rurales campesinas e indígenas tener la titularidad de la tierra que habitan representa también tener derecho a la vida y a imaginar un futuro. En Santiago del Estero, como en otras provincias de nuestro país, muchas de ellas viven en el desasosiego que provoca tener la tenencia precaria de la tierra o vivir conflictos cada vez más violentos con desalojos, que se han incrementado en los últimos tiempos en el marco de la pandemia, y que desconocen sus derechos adquiridos.

En la localidad San José del Boquerón, al norte de la provincia en la zona conocida como Salado Norte por estar al margen del río Salado, las familias viven en y del monte. Se dedican a la extracción de productos forestales, a la cría de cabras y vacas; a la apicultura, y a la realización de artesanías, entre otras actividades. Muchas de ellas acarrear la preocupación de no sentirse seguras en su tierra.

«Hoy los principales problemas para las familias que ancestralmente viven y producen en la zona es la falta de políticas que reconozcan el derecho posesorio que tienen. Siempre hay amenazas de desalojo y en mucho de los casos son desalojos silenciosos que se hacen con la complicidad del poder judicial, político y económico. Desalojos que avasallan sus derechos, especialmente cuando no hay quien represente y asesore a las familias, y cuando la justicia hace oídos sordo a este problema» explica Guido Corvalán, presidente del Mocase Institucional.

Según Corvalán entre un 30 y un 40 por ciento de las familias rurales, indígenas y campesinas de la provincia tiene este problema. «La mayoría de las veces porque esos derechos que contempla el Código Civil y la Constitución Nacional dentro de los procedimientos jurídicos no son tomados en cuenta por los jueces. Las políticas que se aplican no están acorde a esta problemática y eso hace que constantemente las familias estén en una situación crítica», señala.

«No es fácil vivir en el campo desamparado y muchas veces con amenazas de muerte-continúa-, algo que es común escuchar en los territorios donde hoy en día así se manejan los conflictos para adueñarse de la tierra».

Alicia López, secretaria de la Asociación Civil de Pequeños Productores del Noroeste Copo, integrante de la Mesa de Tierra del Salado Norte, cuenta que se viene trabajando con otras organizaciones para encontrar caminos de solución a esta problemática. «Desde que estamos en pandemia, y como no podemos reunirnos entre las organizaciones que están muy dispersas unas de otras, fueron creciendo los conflictos con el avance de las empresas y los terratenientes. El Estado lo sabe pero no se hace nada. Esta es nuestra gran preocupación hoy en la Mesa de Tierra.»

Al dar el ejemplo de un caso dice: «Nuestra organización está integrada por familias campesinas e indígenas de la etnia lule- vilela. Desde hace más de 10 años tenemos un conflicto con la empresa El Romeral SA, en un territorio que está entre la picada Barilari y el Canal de Dios, donde está la comunidad indígena «Sin Fronteras». Son 20.000 ha, en donde viven cerca de 50 familias. Hoy este conflicto está fuerte, por eso estamos viendo con FUNDAPAZ, qué podemos hacer. Hay gente que quiere meter miedo y tiran tiros a orillas del canal; y otros que quieren dividir a la gente. Cuando vamos a la policía no nos quieren tomar la denuncia».

Esta comunidad indígena realizó un relevamiento territorial para conocer la situación de la zona y está trabajando con las familias de los cinco parajes involucrados para tratar de encontrar una solución al problema de la tierra. «Ya tenemos muertos en la defensa del territorio y todo sigue igual. Nada ha mejorado, pero seguimos adelante», sostuvo esperanzada Alicia López.