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Momento crítico para la agricultura familiar

Las organizaciones campesinas e indígenas están atravesando un momento crítico. Si bien tienen un gran potencial para enriquecer la trama social y productiva de las áreas rurales, en la actualidad prácticamente no son reconocidas por el Estado como actores importantes del sector de la agricultura familiar, y las políticas públicas para alentar su desarrollo están desapareciendo.

A la falta de acceso a agua potable para consumo y producción, y a la precariedad en la tenencia de la tierra, problemas que vienen afectando desde hace años a las comunidades y familias campesinas y que atentan contra derechos humanos básicos; hoy se suman inconvenientes que limitan el desarrollo productivo y la comercialización de la actividad que llevan adelante estas poblaciones. La falta de reglamentación de la Ley 27.118 de Agricultura familiar, o la modificación del Monotributo Social Agropecuario (MSA), son sólo dos ejemplos que ilustran lo que sucede.

“Las organizaciones campesinas e indígenas en el norte del país sufren las consecuencias de la concentración de la tierra que llega con el agronegocio, y esto es un obstáculo cada vez mayor para lograr el acceso a la tierra por parte de estos sectores. Una alarmante falta de políticas públicas y de achique en el sector de la agricultura familiar, sumado a la ya histórica falta de apoyo a las familias rurales pobres, caracterizan el momento actual”, expresó Martín Simon, director de Programas Provinciales de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ).

En este contexto, FUNDAPAZ está organizando un encuentro con más de 70 dirigentes de 60 organizaciones de 9 provincias del norte argentino. El objetivo es generar un ámbito de reflexión que permita recuperar los aprendizajes y proyectar alianzas estratégicas para la incidencia política, que promuevan el desarrollo rural y la agricultura familiar, favoreciendo a los pequeños productores y a las familias del sector.

Para conocer el programa del encuentro ingrese aquí

La Mesa de Agua de Salta evalúa la situación en el Chaco salteño

Funcionarios nacionales y provinciales, representantes de organizaciones campesinas e indígenas,  y las instituciones que integran la Mesa de Coordinación y Acción para el Acceso y Gestión del agua en el Chaco Salteño, se reunieron el 25 de abril último en la localidad salteña de la Unión en Rivadavia Banda Sur, con el fin de evaluar  las obras de acceso a agua realizadas en 2017 y planificar el trabajo para este año.

Uno de los objetivos de trabajo de este espacio, es garantizar el acceso de agua segura a la población del Chaco salteño más distante de los centros urbanos. Es por eso que en el marco de la Mesa se firmó un convenio entre las organizaciones y el gobierno provincial para trabajar en la construcción de cisternas que permitan el almacenamiento de agua de lluvia. Hasta el momento hay alrededor de 60 cisternas construidas en diferentes zonas, lo que representa casi un millón de litros de agua y unas 300 personas beneficiadas.

Durante la última reunión, los integrantes de la Mesa compartieron información sobre las necesidades y prioridades de las familias que se encuentran más distantes, a la vez que se destacó la necesidad de que el Estado destine fondos para continuar con la construcción de cisternas, ya que este tipo de obras no sólo mejoraría la calidad de vida de la gente, sino que además produciría un ahorro para las administraciones municipales debido a que no tendrían que enviar camiones para proveer de agua a las familias.

Todo el planteo de acceso al agua que se trabaja desde la Mesa está basado en un programa de movilización y capacitación social que centra la solución en las propias familias y organizaciones  beneficiaras. Se promueve la  participación en la identificación de los problemas, la construcción de las cisternas, su mantenimiento y el manejo adecuado del recurso.

Antecedentes

El espacio de la Mesa fue impulsado desde FUNDAPAZ  y el gobierno provincial a través de un convenio internacional que cuenta con el apoyo de la International Land Coalition (ILC ALC), la Plataforma Semiáridos de América Latina, el Servicio Mundial de Iglesias (CWS), el Programa Integrado Trinacional (PIT) y el ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Gobierno de Salta. Luego, se fueron sumando nuevos actores como la, secretaria de Agricultura Familiar, la subsecretaria de Desarrollo Comunitarios,  representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Fundación Siwok, del Programa Hábitat de Nación, de la Fundación Gran Chaco y de la Fundación Escolares,  entre otros.

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