La Mesa de Agua de Salta evalúa la situación en el Chaco salteño

Funcionarios nacionales y provinciales, representantes de organizaciones campesinas e indígenas,  y las instituciones que integran la Mesa de Coordinación y Acción para el Acceso y Gestión del agua en el Chaco Salteño, se reunieron el 25 de abril último en la localidad salteña de la Unión en Rivadavia Banda Sur, con el fin de evaluar  las obras de acceso a agua realizadas en 2017 y planificar el trabajo para este año.

Uno de los objetivos de trabajo de este espacio, es garantizar el acceso de agua segura a la población del Chaco salteño más distante de los centros urbanos. Es por eso que en el marco de la Mesa se firmó un convenio entre las organizaciones y el gobierno provincial para trabajar en la construcción de cisternas que permitan el almacenamiento de agua de lluvia. Hasta el momento hay alrededor de 60 cisternas construidas en diferentes zonas, lo que representa casi un millón de litros de agua y unas 300 personas beneficiadas.

Durante la última reunión, los integrantes de la Mesa compartieron información sobre las necesidades y prioridades de las familias que se encuentran más distantes, a la vez que se destacó la necesidad de que el Estado destine fondos para continuar con la construcción de cisternas, ya que este tipo de obras no sólo mejoraría la calidad de vida de la gente, sino que además produciría un ahorro para las administraciones municipales debido a que no tendrían que enviar camiones para proveer de agua a las familias.

Todo el planteo de acceso al agua que se trabaja desde la Mesa está basado en un programa de movilización y capacitación social que centra la solución en las propias familias y organizaciones  beneficiaras. Se promueve la  participación en la identificación de los problemas, la construcción de las cisternas, su mantenimiento y el manejo adecuado del recurso.

Antecedentes

El espacio de la Mesa fue impulsado desde FUNDAPAZ  y el gobierno provincial a través de un convenio internacional que cuenta con el apoyo de la International Land Coalition (ILC ALC), la Plataforma Semiáridos de América Latina, el Servicio Mundial de Iglesias (CWS), el Programa Integrado Trinacional (PIT) y el ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Gobierno de Salta. Luego, se fueron sumando nuevos actores como la, secretaria de Agricultura Familiar, la subsecretaria de Desarrollo Comunitarios,  representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Fundación Siwok, del Programa Hábitat de Nación, de la Fundación Gran Chaco y de la Fundación Escolares,  entre otros.

Se lanzó una alianza para garantizar el acceso de las poblaciones rurales a los recursos naturales

Ante la presencia de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, funcionarios, representantes de organismos nacionales, agencias intergubernamentales y otras ONGs, cuatro instituciones que desde hace años vienen trabajando en la región del Chaco argentino como son Redes Chaco, Fundapaz, Fundación Plurales y la Federación Agraria, lanzaron el jueves último, una alianza nacional de trabajo denominada “Estrategia Nacional de Involucramiento” que busca que los sectores rurales más vulnerables del país accedan al uso y gestión de la tierra, el agua y a otros recursos naturales.

El objetivo de esta iniciativa, promovida por la International Land Coalition (ILC), es alcanzar cambios en políticas públicas, agendas y prácticas sociales que hagan posible esa meta. En la Argentina, la ENI sumará a otros actores claves públicos y privados comprometidos con dichas poblaciones para potenciar las acciones de incidencia política. Se enfocará en el plano local y nacional y estará articulada con otras iniciativas similares de la ILC  a nivel regional y global  como la Plataforma Semiáridos de América Latina (www.semiaridos.org), Land Matrix  (www.landmatrix.org) o los informes paralelos que presentan los miembros de la ILC en la Argentina  a las Naciones Unidas en diversas instancias.

El primer paso de esta iniciativa se dio el jueves durante su presentación, cuando los participantes de este encuentro, luego de conocer las principales líneas de trabajo y un informe sobre el diagnóstico del país, intercambiaron ideas, experiencias y visiones  sobres las tareas a emprender.

“En la Argentina hay muchas organizaciones con experiencias en los territorios y comprometidas a apoyar un esfuerzo colectivo, creo que va a ser muy útil si la ENI puede articular todo este trabajo y esta expertiz. Eso ya sería un resultado concreto”, opinó Annalisa Mauro, al dar su mirada desde la ILC.

Pablo Frére, de Redes Chaco, coincidió en que “Es un desafío para los diversos actores que venimos trabajando en la región y que tenemos mucha experiencia,  hacer que esta iniciativa esté abierta a todos los sectores y que realice aportes concretos.”

Al mismo tiempo, Daniela Savid de Fundación Plurales, remarcó la necesidad de contribuir a la creación de un espacio que organice y potencie todas las acciones que ya se vienen desarrollando en la región y el país.

La necesidad de un marco legal que regule la propiedad comunitaria de la tierra; la revalorización de la agricultura familiar en sus distintos aspectos, el acceso al agua como un derecho esencial de las personas; el rol de la mujer rural, la necesidad de visibilizar los acaparamientos de tierra, fueron entro muchos otros, algunos de los temas que se hicieron presentes en la reunión como escenarios de trabajo.

Diagnóstico del país

Para fijar un plan de trabajo de la ENI se realizó un diagnóstico de la Argentina, teniendo en cuenta los 10 compromisos asumidos por la ILC. Algunos datos de dicho estudio son:

  • La mayoría de las comunidades aborígenes y campesinas que se encuentran hoy en sus territorios, no tienen la seguridad jurídica de un título de propiedad y se ubican en áreas con bajo potencial para el desarrollo humano.
  • Durante las últimas tres décadas se dio en el país un proceso de concentración de la tierra y los recursos naturales. Los pool de siembra, las grandes empresas agropecuarias, y los inversores nacionales y extranjeros han ocupado las tierras de pequeños y medianos productores campesinos e indígenas, desplazando la actividad productiva de la agricultura familiar de las zonas rurales.
  • Desde hace un tiempo  se advierte la puesta en marcha de políticas que favorecen a los sectores más poderosos del campo y la exportación, mientras que los pequeños productores y las comunidades indígenas van quedando de lado.
  • Formalmente en la Argentina hombres y mujeres acceden a la titularidad de bienes por igual. Sin embargo, la falta de seguridad jurídica que suelen tener las familias campesinas sobre la tierra, hacen compleja la situación de la mujer rural por la facilidad con que es desalojada de su territorios, degradando otros derechos como salud, seguridad alimentaria y educación.
  • En el noroeste y noreste del país la expansión agrícola y el corrimiento ganadero, generan una fuerte presión sobre tierras y bosques nativos habitados en muchas zonas por comunidades indígenas y familias campesinas.

Contacto: plataformaeniargentina@gmail.com

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