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Se construirá con comunidades indígenas y familias campesinas de Salta un protocolo de consulta previa sobre temas de acceso al agua

En muchas ocasiones las voces de los pueblos indígenas no son escuchadas a la hora de tratar temas que impactan en sus territorios o en sus vidas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y tribales, referido a la consulta previa a los pueblos en temas que afecten sus intereses, busca reparar estas situaciones.

Atentos a la vigencia de dicho Convenio, FUNDAPAZ junto con  la Universidad Católica de Salta, Naciones Unidas Argentina y sus oficinas de ONU Mujeres y el Alto Comisionado por los Derechos Humanos; y el  laboratorio GEISA del Instituto de Investigaciones en energías no Convencionales (INENCO) de la Universidad Nacional de Salta, organizaron la semana pasada en Los Blancos y Morillo, norte de Salta, una serie de reuniones con las comunidades y organizaciones para comenzar a construir un protocolo de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado para comunidades indígenas y de consulta con mayor y mejor participación de organizaciones criollas que integran la Mesa de Agua del Chaco Salteño.

En las reuniones participaron unas 20 organizaciones y representantes de comunidades locales que conforman la Mesa de Agua. Tras los encuentros se acordó comenzar a construir en forma participativa un protocolo que se aplicará en todas aquellas decisiones que tengan que ver con el agua, el saneamiento y la higiene; y también elaborar un reglamento sobre la calidad del agua.

Estos objetivos  plantean un proceso de trabajo que incluyen capacitaciones sobre el derecho a la consulta previa y sobre el uso de las tecnologías de acceso al agua, entre otros temas, que se desarrollará en los departamentos salteños de Rivadavia y San Martín.

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Santa Fe: avances en la reglamentación de la Ley 13.666

El gobierno de Santa Fe presentó ante una Mesa Regional de instituciones y organizaciones su propuesta de reglamentación de la Ley 13666 «Declaración de emergencia y suspensión de desalojos en predios rurales» y se espera que salga su regulación en los próximos días.

Dicha ley prorroga la suspensión de desalojos, en toda la provincia por dos años desde el 29 de febrero de 2020 hasta el 28 de febrero 2022, de agricultores familiares que estén produciendo y que tengan alguna irregularidad en sus títulos de tierra o que no tengan títulos y sean poseedores.

Durante este período de tiempo se espera que se normalice la situación de muchas familias campesinas. Para eso se pondrá en marcha un Programa de Regularización Dominial, en el marco del cual se estudiará cada caso y se hará una propuesta de acceso a la tierra, que luego pasará a una Comisión integrada por funcionarios y representantes de las organizaciones, que dará un dictamen final sobre cada caso analizado.

«Esto es muy importante. Es un logro del Movimiento Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPProfe) que viene trabajando con Fundapaz desde hace varios años en este tema. Muchas veces se tuvo que prorrogar la ley por períodos de dos años. Ahora se está por reglamentar y esperamos que muy pronto empiece a funcionar el Programa de Regularización Dominial y la Comisión que tiene que aprobar cada caso», expresó Martín Simón, Director de Programas Provinciales de FUNDAPAZ.

Por su parte, Teodoro Suárez, dirigente de la UOCB e integrante de la Mesa Ejecutiva y de Gestión del MoPProfe, señaló que la reglamentación de esta ley significa darles un poco de seguridad y tranquilidad a las familias. «En el norte de la provincia hubo conflictos serios por este tema. Las organizaciones venimos desde hace años haciendo un trabajo de base, analizando los distintos casos y asesorando a los pequeños productores, por eso estamos muy contentos de que esto finalmente se concrete».

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