cisterna en comunidad Embarcación Pata Pila

Vínculos de trabajo que dan frutos

Procurar que las poblaciones que viven en zonas rurales tengan acceso al agua, un recurso elemental para vida, es una de las líneas de trabajo de FUNDAPAZ que, en ocasiones, implementa participando en convenios colaborativos junto con otras instituciones.

Un ejemplo de ello, es la tarea que desarrolló recientemente con la Asociación Civil Franciscana Pata Pila, en el proyecto “Llegar al Norte: la deuda de los derechos humanos en las comunidades indígenas del norte de la provincia de Salta”, diseñado por dicha institución.

Con esta propuesta se buscó mejorar el acceso al agua en la Comunidad Misión La Loma de Embarcación, Salta, construyendo tres cisternas de placa de 16.000 litros, con un techo colector y todo un sistema que permite captar agua de lluvia.

Las poblaciones de esa zona no suelen contar con la cantidad de agua suficiente para la vida cotidiana. En la actualidad, la provisión de agua para consumo de las familias está a cargo del municipio de Embarcación. Un camión municipal hace un recorrido periódico entregando agua a las familias, que almacenan en tinacos plásticos con poca capacidad de acopio, generando así un círculo vicioso de dependencia permanente.

En el verano la situación se vuelve más crítica aún, debido a que la falta de agua apta para consumo se generaliza y afecta a la mayor parte de la población de Embarcación.

Las cisternas que se hicieron en el marco de este proyecto, se construyeron en los predios de las familias de Efraín Neuenschwander, Sara Aparicio y Mirco Neuenschwander. Para estas familias es muy importante contar con este reservorio de agua que aumenta el volumen que pueden acopiar. En algunos casos la van a utilizar para consumo familiar, y en otros también para actividades productivas que van a permitir mejorar la alimentación y la economía familiar.

cisterna completa Pata Pila Fz2

La cisterna de Sara Aparicio tendrá un uso comunitario para 12 familias tobas que viven en ese sector de la comunidad. Allí, tienen previsto implementar un espacio para tener una huerta cerca de la cisterna, de modo que el agua se usará para riego y para consumo familiar.

La que está construida en el predio comunitario de la Comunidad Wichi, que preside Efraín Neuenschwander será para consumo comunitario, y además, en caso de necesidad, la podrán usar utilizar 8 familias vecinas.

Mirco Neuenschwander, con su grupo familiar harán un uso productivo del agua que acopie en la cisterna, ya que tienen una producción de chivas y una huerta.

Así, gracias al trabajo articulado, la confianza y a la colaboración mutua entre dos instituciones como son la Asociación Civil Franciscana Pata Pila y FUNDAPAZ, se pudieron hacer realidad obras que prometen mejorar las condiciones de vida de estas familias.

Pilcomayo reunion

Nueva etapa en el proceso de regularización territorial en Santa Victoria Este

Representantes de la Organizaciones de Familias Criollas (OFC), Vecinos Unidos, Raíces del Chaco, 20 de Septiembre; de comunidades indígenas agrupadas en Lhaka Honhat (LH); miembros de ASOCIANA y FUNDAPAZ, quienes con el apoyo de las agencias Misereor Pan Para el Mundo, venimos desde hace más de 20 años participando en el proceso de regularización territorial de las dos poblaciones  en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, Salta, nos reunimos recientemente para revalorizar y evaluar el camino recorrido, reconocer los desafíos y acordar un nuevo plan de trabajo para los próximos años.

En el marco de este proceso, denominado localmente Programa Pilcomayo, luego de muchos años de gestiones ante el gobierno provincial y nacional, realización de mapeos participativos, diálogos y acuerdos entre los principales actores para tratar de resolver este caso que abarca 643.000 hectáreas y presenta a dos poblaciones viviendo en un mismo territorio, LH presentó en 1998, con patrocinio del CELS, su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

En 2020 la Corte IDH falló a favor de las comunidades, dispuso que se le entregara un título único de propiedad comunitaria de 400.000 has y, a la vez, obliga al Estado argentino a garantizar en un plazo de 6 años el derecho a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación y al agua. En este contexto también se reconoce el derecho a propiedad de la tierra de 243.000 hectáreas para las familias criollas. Muchas de ellas se tendrán que relocalizar fuera del territorio indígena.

Actualmente, el territorio está medido y delimitado en un 90 por ciento. Hay entre 15 y 20 familias criollas que se relocalizaron por sus propios medios. Falta aún acompañamiento y recursos de parte del Estado, para terminar de completar el proceso en los tiempos previstos por la Corte.

“Es necesario ver cómo se proyecta la vida en el territorio. Hay que diagramar un modelo productivo para las familias y ver qué impacto tiene en las personas. Hoy hay gente que ya está reubicada, otras que no y otras a las que le falta interiorizarse bien con todo el proceso”, señaló Ivan Palomo de la organización Vecinos Unidos, y destacó que para mudarse se necesita agua y obras de infraestructura.

Por su parte Cristina Pérez, coordinadora de LH destacó que “es necesario mantener la memoria. Si queremos tener algo es importante empezar por la memoria. Las dos partes entendimos que para solucionar esto teníamos que llegar a un acuerdo. Hoy estamos en una nueva etapa de esta lucha, tenemos que ver cómo nos organizamos, qué tipo de gobernanza queremos para el territorio y también ver qué piensan los jóvenes”.

La necesidad de seguir trabajando juntos garantizando la paz social fue uno de los principales acuerdos confirmados. “Al analizar la línea de tiempo de este proceso histórico se vio cómo al principio se desconfiaban unos de otros, se tenían miedo. Luego se fueron conociendo más, profundizaron el diálogo y finalmente decidieron trabajar juntos en este reclamo. En esta reunión se está acordando cómo continuar el camino en una nueva etapa”, comentaba Silvia Reynoso de FUNDAPAZ.

José Cantero de ASOCIANA agregó: “Con la denuncia ante la CIDH y el proceso de trabajo se consiguieron cosas importantes, pero falta muchísimo. Por otro lado, la pandemia nos dejó una huella muy profunda porque se fueron dirigentes muy importantes”.

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