Uno de los grandes problemas de nuestro país es la existencia de grandes fragmentos de tierra cuya propiedad es sujeto de disputas y controversias, y dentro de ellas las más complejas son las que se producen en tierras fiscales, en su mayoría ubicadas en áreas de ambiente difícil y social y económicamente marginadas del proceso de desarrollo. Dentro de este panorama, un hecho aparece como singular: este 26 de mayo, el gobierno de la provincia de Salta realizó una ceremonia en la comunidad de La Merced, a pocos kilómetros de Santa Victoria Este, donde se entregaron escrituras de tierra a productores ganaderos criollos del chaco salteño.

Esta pequeña noticia esconde algo de gran importancia: la culminación de uno de los más grandes procesos en el país de regularización de tierra fiscal a favor de comunidades indígenas y criollas: 643.000 hectáreas de los llamados lotes 55 y 14 del Departamento Rivadavia de esa provincia, una superficie 20 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires donde viven 9.000 indígenas en más de 72 comunidades y 5.000 criollos.

El problema comenzó en los primeros años del siglo XX, cuando un grupo de ganaderos salteños ocupó las tierras hasta el momento habitadas por varias etnias aborígenes, la mayor de las cuales era la Wichi pero también Chorote, Tapieté, Chulupí y Toba. Los criollos ganaderos llegaban atraídos por la existencia de enormes pastizales, hoy prácticamente desaparecidos, reemplazados por un bosque empobrecido. Durante más de cien años, criollos e indígenas convivieron en una incómoda vecindad, mientras que nadie parecía interesado en regularizar una situación que se tornaba cada vez más difícil y donde ambos grupos competían en un proceso de degradación del bosque original.

La Constitución de 1994, al darle derechos formales sobre la tierra a los grupos indígenas, hizo revivir el conflicto latente que desembocó en 1998 en una denuncia de Lhaka Honhat, una asociación que nuclea a las comunidades, ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, acompañada por Asociana y patrocinada por el CELS, proceso que continúa aún sin resolución. Poco después se unieron a los reclamos por la tierra otras ONG, entre ellas Fundapaz, que entendieron que el proceso de negociación, para que no terminara en una solución de “suma cero”, debía incluir tanto a indígenas como a criollos, y que la llave para el fin del conflicto estaba en que ambos grupos entablaran un diálogo, cosa que hasta el momento no se había producido y también que ambos adquirieran conciencia del territorio que habitaban. Jugó allí un papel fundamental la construcción conjunta de un mapa, producto de miles de puntos georeferenciados en el territorio donde se ubicaron cada uno de los grupos indígenas y cada una de las familias criollas con sus respectivas áreas de uso, ubicación de puestos, caminos y aguadas.

Del diálogo surgió la propuesta de dividir el extenso territorio en dos partes, una que se otorgaría en forma de propiedad comunitaria a los indígenas, mientras que la otra se daría en propiedad individual a las familias criollas, usando como criterios básicos la acreditación de sus derechos históricos, los lugares de uso tradicional, la cantidad de ganado y el accesos a los ríos. Por su parte la provincia de Salta, participante necesaria del diálogo, fue validando el proceso a través de diversos instrumentos legales como decretos de pre adjudicación, acreditación formal de derechos y reconocimiento de comunidades, a la vez que creaba una Unidad Ejecutora Provincial en el lugar. Con financiamiento de la Nación, la Provincia también se encarga de la mensura de las tierras, de los costos que significan algunas relocalizaciones de familias criollas fruto de los acuerdos y de obras de infraestructura básica como agua, caminos y escuelas, hasta la formalización de la entrega de las tierras, como lo demuestra la ceremonia de entrega de títulos.

Ante autoridades provinciales, nacionales, organizaciones indígenas y criollas del lugar se entregaron las primeras 42 escrituras finales por una superficie de unas 25.000 has. Un buen comienzo para un proceso que culminará en poco tiempo más con la entrega de la totalidad de estas tierras, donde indígenas y criollos podrán convivir en armonía. Este hecho está indicando que en el país los conflictos pueden solucionarse con el diálogo, siempre y cuando los participantes tengan la voluntad de hacerlo y la sociedad toda genere las condiciones para que dicho diálogo llegue a buen término.

Carlos Reboratti es geógrafo (UBA), Investigador del Conicet y presidente de Fundapaz