Foto El Quebracho

Avanzan las obras para garantizar el acceso al agua en Santa Victoria Este

En el marco del proyecto “Acceso al Agua para consumo y producción de las familias de los ex lotes 55 y 14 de Santa Victoria Este”, el Ministerio de Infraestructura de Salta, firmó un convenio con FUNDAPAZ que puso en marcha una plan para la construcción de 27 cisternas, 15 represas y un pozo profundo en las zonas de Campo Largo, Pozo El Tigre,  Pozo La Yegua, El Chivil y El Quebracho; en Santa Victoria Este, norte de Salta, a fin de garantizar el acceso al agua segura a las familias del lugar.

La iniciativa se enmarca en el proceso de regularización territorial en dichos lotes que tiene como actores principales a la Asociación Lhaka Honhat y a la Organización de Familias Criollas (OFC) que habitan el territorio.  En lo que respecta a las comunidades indígenas, en el caso titulado “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat Vs Argentina”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia en la que reconoció el derecho a la propiedad ancestral y la entrega de un título único a las comunidades indígenas de 400.000 hectáreas, señalando que tienen derecho a conservar su identidad, tener acceso a la alimentación y al agua en un ambiente sano.

Por su parte, a las familias criollas de la OFC les corresponden 243.000 hectáreas de dichos lotes. Muchas de ellas hoy se encuentran en un proceso regularización y de relocalización, ya que vivían en el mismo territorio de las comunidades indígenas, y se tienen que mudar a  otras zonas para cumplir con los acuerdos alcanzados entre las partes. Otras, acordaron con las comunidades seguir viviendo en el mismo sitio, dentro del territorio indígena, lo que se conoce como “lunar criollo”.

Las obras de infraestructura que se están desarrollando en la zona, en el marco de un plan criollo para acceder al agua, que a la vez va dando cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH son:

Pozo El Tigre: Comprende los parajes El Tigre, El Oso, El Atacal, Pozo El Milagro y San Miguel. Se están construyendo 9 módulos (cisternas y estructuras) para cosechar agua de lluvia.  El grupo de familias criollas que integran la Vecinal Pozo de Tigre se tienen que reubicar y en sus parcelas no tienen ninguna fuente de agua para consumo.

Pozo de la Yegua: Incluye los parajes El Potrero, El Sauce, Zainito, y Los Amichos. Las familias criollas de esta zona se encuentran dentro del lunar criollo Las Vertientes-Campo Largo y pertenecen a la Organización 20 de Septiembre, miembro de la OFC. Ellas son beneficiarias de 9 módulos de cosecha de agua de lluvia para consumo humano. En su mayoría se trata de mujeres de avanzada edad, con niños en edad escolar a cargo. Las mujeres suelen realizar un recorrido de 5 o 6 kilómetros para acceder a la fuente de agua más cercana.

Campo Largo: Abarca los parajes Campo Largo, Tres Marías, y El Talar. Aquí  los  pobladores también están en el  lunar criollo Las Vertientes-Campo Largo. Allí se están construyendo 9 módulos de cosecha de agua de lluvia para consumo humano. Si bien en la zona hay un pozo profundo comunitario, los análisis de calidad de agua arrojaron que no es apta para consumo.

El Quebracho: Los pobladores del lunar criollo El Quebracho pertenecen a una vecinal de la Organización de Familia Criollas (OFC) y son beneficiarios de un pozo profundo para uso productivos agrícola-ganadero, que les permitirá satisfacer los requerimientos de consumo de agua del ganado mayor y menor de todas las familias. Además se podrá implementar el riego por goteo en la huerta orgánica del grupo de mujeres del lunar.

Paraje El Chivil: Aquí se construyeron  15 represas de aproximadamente 300 m3cada una para las familias relocalizadas alrededor del paraje. Las familias integran la Asociación Vecinos Unidos y tienen que empezar de cero en sus nuevos lugares. Estas represas que benefician a más de 30 familias, es la primera obra que se realiza para tener agua para producción.

“Nosotros no sólo estamos pasando por una reorganización territorial, sino también se nos plantea cambiar la manera de pensar sobre cómo producimos y vivimos. Estamos acostumbrados  a producir de manera tradicional y poco seria, dependiendo totalmente del monte, con algunos animales criados a campo abierto y nada más. Sobrevivimos en el medio ambiente. Ahora pasamos a un sistema de crianza bajo alambre, donde vamos a depender de las estaciones, del clima, vamos a tener que sembrar pasturas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y producir de verdad. Seguramente tendremos que diversificar la producción, como por ejemplo hacer apicultura y tener ganado menor entre otras cosas”, explicó Iván Palomo, presidente de la organización Vecinos Unidos.

“En el lugar nuevo –agregó- falta hacer cantidades de obras, pero lo principal es tener agua. Nosotros hicimos un plan criollo para abordar el tema del agua. Pensamos en hacer represas porque así es como se tiene el agua y lo que funciona en la zona desde hace más de 100 años, después tener cisternas para cosechar agua de lluvia en cada parcela y además hacer pozos comunitarios. Para empezar a pensar una historia nueva en este lugar nuevo, el agua es indispensable. Ahora ya tenemos las 15 represas terminadas, pero tenemos que seguir trabajando. Acá hace falta concientización y educación. Somos pocos los que vemos el futuro”, destacó.

Pilcomayo obras de agua criollos

El caso Pilcomayo, un proceso de regularización territorial con impacto nacional y regional

Este mes recibimos la visita de monitoreo de Simone Lehmann y Markus Buker, representantes de Misereor (Obra espiscopal de la iglesia católica alemana) quienes estuvieron en la Argentina para conocer el estado de situación del caso Pilcomayo, un proyecto que Misereor acompañan desde hace más de 20 años, y que tiene en su origen una disputa por el acceso a la tierra de 643.000 hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este,  norte de Salta,  donde hoy habitan en un mismo territorio más de 130 comunidades indígenas (reunidas en Lhaka Honhat y otras organizaciones) y 800 familias criollas (nucleadas en organizaciones criollas como la Organización de Familias Criollas –OFC- y otras) con cosmovisiones sobre el uso de los recursos naturales, culturales y productivas diferentes pero unidos en una lucha común por el reconocimiento a sus derechos a la tierra, el territorio y el manejo de los bosques, ríos y pastizales.

Antecedentes del caso

En 1998, Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a causa de la construcción en la zona de importantes obras de infraestructura sin ningún tipo de consulta previa, solicitando al Estado que formalizara su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra mediante la entrega de un título único, sobre una superficie unificada y libre de ganado vacuno. Dicho reclamo fue y sigue siendo apoyado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación de Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).

Como el proceso jurídico internacional se basó en el derecho indígena, fue necesario incorporar una visión política de acuerdos territoriales, que complementen el accionar legal internacional y den viabilidad a todo el proceso de reclamo al Estado argentino para lograr acuerdos generales de distribución de la tierra y los recursos que involucrara a todos los actores. Así en el 2000 se conformó el Proyecto Pilcomayo, una iniciativa apoyada por Misereor, Pan Para el Mundo, donde ASOCIANA y FUNDAPAZ inician el acompañamiento a los dos grupos, indígenas y criollos, promoviendo procesos de diálogo y acuerdos.

Se acordó una estrategia de trabajo única y se presentó al Estado argentino una propuesta de distribución equitativa de la tierra. Para ello, durante más de cuatro años los diferentes actores con el acompañamiento de las instituciones, generaron información mediante la elaboración de mapeos participativos, que permitieron ubicar a los puestos criollos y a las comunidades con sus puntos de uso territorial. También se relevaron datos sobre el estado de los recursos naturales y se sumó un censo poblacional.

El proceso colectivo de construcción de mapas sobre los territorios compartidos permitió visibilizar las formas de habitar, y utilizar la misma superficie por parte de indígenas y criollos.

Luego de un largo proceso de trabajo en 2007, y tras un acuerdo entre Lhaka Honhat y la OFC, el gobierno de Salta se firmó el Decreto 2786/07 por el cual se adjudicó y reconoció el acuerdo realizado por las organizaciones locales de otorgar 400.000 hectáreas a 42 comunidades indígenas existentes en ese momento, y 243.000 hectáreas a las 462 familias criollas que habían acreditado derechos. La acción de las organizaciones y la presión internacional hicieron que el gobierno nacional se comprometiera a realizar la regularización dominial  y un programa de desarrollo local.

En 2014, el gobierno de Salta oficializó el decreto 1498/14 por el que reconoce y transfiere las tierras en propiedad comunitaria a las comunidades y en condominio a las familias criollas.

Esto dio lugar a un proceso de relocalización y planes de reconversión ganadera para las familias criollas, y de manejo de recursos para las comunidades. En este contexto, el Estado argentino, ya sea por medio de la Unidad Ejecutora Provincial  (UEP) de Salta, o de diversos organismos nacionales asumió el compromiso de realizar las obras de infraestructura necesarias (apertura de caminos, construcción de viviendas, obras de acceso al agua, escuelas, puestos sanitarios, etc.) para lograr la regularización territorial efectiva y el desarrollo local.

Río Pilcomayo

El 2 de abril de 2020 la CIDH emitió un fallo en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs Argentina” en el que encontró al Estado nacional responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos originarios. La sentencia ordena medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena.

En este marco, hoy se continúa un proceso de negociación sobre la gestión territorial, el avance del plan de infraestructura, y sobre el uso de los recursos naturales para las dos poblaciones.

Al evaluar la situación actual, Ramón Pérez de Lhaka Honhat comentó durante la reunión con Misereor: “Van quedando menos dirigentes para acompañar a las comunidades, pero más que nada queremos seguir con este proceso y que se cumpla la sentencia. Para nosotros son muy importantes los acuerdos. La OFC fue la primera organización con la que nos pusimos de acuerdo. Tenemos que medir los límites. Avanzar con eso”.

Por su parte Esmérito Arenas de la OFC agregó: “Siempre estamos luchando por el proceso de la tierra. Va muy lento; algunos se están yendo y no tuvieron el título de la tierra”.

Dante Albornoz, de la misma organización destacó la importancia de los acuerdos. “Es un proceso lento y es fundamental que nos sigan acompañando y que la provincia se ponga las pilas”, insistió.

Al dar una evaluación general del proceso, Simone Lehmann, de Misereor dijo a los presentes en la reunión: “Me parece muy importante seguir adelante y pode cosechar los frutos de esta lucha para que puedan tener una vida digna, y cumplir con todos los acuerdos que ustedes lograron”.

El caso Pilcomayo es uno de los casos de regularización territorial más grandes del país por la cantidad de población y hectáreas que abarca. Su proceso de resolución es observado no sólo a nivel nacional sino también en varios países de la región.

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