Las organizaciones campesinas e indígenas están atravesando un momento crítico. Si bien tienen un gran potencial para enriquecer la trama social y productiva de las áreas rurales, en la actualidad prácticamente no son reconocidas por el Estado como actores importantes del sector de la agricultura familiar, y las políticas públicas para alentar su desarrollo están desapareciendo.

A la falta de acceso a agua potable para consumo y producción, y a la precariedad en la tenencia de la tierra, problemas que vienen afectando desde hace años a las comunidades y familias campesinas y que atentan contra derechos humanos básicos; hoy se suman inconvenientes que limitan el desarrollo productivo y la comercialización de la actividad que llevan adelante estas poblaciones. La falta de reglamentación de la Ley 27.118 de Agricultura familiar, o la modificación del Monotributo Social Agropecuario (MSA), son sólo dos ejemplos que ilustran lo que sucede.

“Las organizaciones campesinas e indígenas en el norte del país sufren las consecuencias de la concentración de la tierra que llega con el agronegocio, y esto es un obstáculo cada vez mayor para lograr el acceso a la tierra por parte de estos sectores. Una alarmante falta de políticas públicas y de achique en el sector de la agricultura familiar, sumado a la ya histórica falta de apoyo a las familias rurales pobres, caracterizan el momento actual”, expresó Martín Simon, director de Programas Provinciales de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ).

En este contexto, FUNDAPAZ está organizando un encuentro con más de 70 dirigentes de 60 organizaciones de 9 provincias del norte argentino. El objetivo es generar un ámbito de reflexión que permita recuperar los aprendizajes y proyectar alianzas estratégicas para la incidencia política, que promuevan el desarrollo rural y la agricultura familiar, favoreciendo a los pequeños productores y a las familias del sector.

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