Forma parte de un proceso de trabajo que busca la regularización de la tenencia para organizaciones campesinas e indígenas de Santa Fe en el marco de la ley 13.666.

El anhelo de acceso a la tierra late en cada corazón de las familias campesinas e indígenas de nuestro país donde existe una problemática a resolver. Es por eso que Fundapaz trabaja apoyando a las organizaciones campesinas e indígenas en este tema, desde hace unos 40 años. Son numerosas las experiencias exitosas que se han desarrollado en este tiempo, permitiendo que aproximadamente 1.300.000 de hectáreas fuesen tituladas a favor de las familias en el norte argentino.

En Santa Fe, en el año 2017, a instancias de las organizaciones campesinas e indígenas que integran el Movimiento Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe (MoPproFe), algunos dirigentes del MoPProFe junto a la diputada Claudia Giaccone, se abocaron a estudiar la problemática. Las motivaciones eran importantes: por un lado, el impacto de los datos sobre acaparamiento de tierras aportado por Land Matrix (una iniciativa global e independiente de monitoreo de tierras, coordinada por Fundapaz en América Latina); y por otro, la proximidad del vencimiento de la suspensión de los desalojos (Ley provincial N° 13.334) que abría la puerta a nuevas situaciones de despojo de las tierras, a campesinos e indígenas.

Tras el diálogo que mantuvieron los representantes de las organizaciones y los funcionarios se promulgó la Ley 13666 (anexo 2), que no solo suspendió los desalojos de las familias campesinas e indígenas de toda la provincia, sino que además creó el Programa de Regularización Dominial, con el objeto de realizar un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en territorio provincial y diseñar propuestas para regularizar la posesión. Así, Fundapaz fue convocada para realizar este relevamiento con 200 familias de seis organizaciones del MoPProFe.

El informe que se presentó (ver aquí)  muestra los resultados de dicho relevamiento, con los mapas que indican la posesión de la tierra que ocupan las 200 familias relevadas y las propuestas para el acceso definitivo a la tierra que sugerimos en cada caso. Estas propuestas deben ser analizadas por una Comisión Interministerial creada por la Ley 13666.