Fundapaz conjuntamente con un equipo del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (IDEAS) de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), dieron a conocer las conclusiones de la investigación realizada en torno al tema “Acceso a justicia para lograr el cumplimiento del derecho básico al agua en población rural del chaco salteño y santiagueño”.
Se trata del resultado de más de un año de trabajo que viene realizando la Fundación con la UCASAL e IDEAS en una investigación sobre el acceso al agua como un derecho. El artículo se elaboró para ser utilizado en una estrategia de litigio estratégico y se buscó documentar toda la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema con fundamento en el derecho.
Para su elaboración se tuvo en cuenta todo el proceso de mapeo participativo realizado por la Fundación en el territorio, las acciones de la Mesa de Agua de Salta, y el trabajo territorial en el Chaco Argentino. El equipo de investigación estuvo integrado por: Dra. María Cristina Garros Martínez, directora; Ab. Silvia Borda, y Mg. Ab. Diego Méndez Macías, investigadores; Lic. Paola Marozzi Mo, Ing. Gabriel Seghezzo, y Ab. Jorge Tejerina, apoyo técnico de Fundapaz; y los alumnos Jorgelina Muller, Sonia Valeria Jimenez, Araceli Germán y Nicole Debenau.
“Nos parece un documento único en esta línea de pensar hacia adelante algunas acciones políticas y jurídicas”, señaló Gabriel Seghezzo al referirse a la importancia del documento.
Conclusiones
Entre las principales conclusiones arribadas en la investigación se destaca la necesidad de profundizar la concientización y sensibilización en relación al derecho humano al agua segura, tarea que pueden realizar las universidades en distintos niveles; incorporar a las organizaciones criollas y a las de las comunidades indígenas a las diferentes Mesas de Agua de cada provincia; realizar reclamos administrativos ante las autoridades competentes pertinentes; promover acciones judiciales en Tribunales provinciales y/o federales por vía del Amparo Judicial; y recurrir por vía judicial ante la justicia provincial y/o federal por la falta de cumplimiento del derecho constitucional al agua potable; y hacer un monitoreo y seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe se publicará completo en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y recursos naturales, N° 36 dirigida por el Dr. Dino Bellorio Clabot. Allí podrán leerse las conclusiones y las recomendaciones.