La implementación de una herramienta de trabajo como es el mapeo participativo, en la resolución pacífica de casos relacionados con conflictos territoriales y el acceso al agua, fue el principal tema que se abordó durante el foro “Acceso de poblaciones rurales a la tierra y al agua” en el Chaco Trinacional que se desarrolló días atrás en Buenos Aires, organizado por FUNDAPAZ, y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), con el objetivo de facilitar la formulación de nuevos procesos en otros escenarios, y potenciar las acciones impulsadas por los estados y la sociedad civil.
Durante el encuentro representantes de comunidades campesinas e indígenas contaron sus experiencias relacionada con los cuatro casos que se presentaron: el acceso a la tierra y al territorio de comunidades indígenas y familias campesinas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este, Salta; a los territorios indígenas en el Chaco Tarijeño boliviano; la regularización territorial de 21 familias del paraje de Garza en Santiago del Estero, que resolvieron su situación en diálogo con un titular privado; y la creación de la Mesa de Agua en el departamento de Rivadavia en Salta.
Al referirse al caso de Santa Victoria Este, Rogelio Segundo, tesorero de la organización wichí Lhaka Honhat, contó: “el mapa nos sirvió para que cada comunidad sepa hasta dónde era su tierra, por ejemplo, y estos mismos mapas los presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exija al Estado actuar en este caso”.
En relación al trabajo que se realizó para obtener información sobre la necesidad de agua en la zona de Los Blancos, al norte de Salta, Rebeca Soraire, secretaria de la Zonal Campesina de esa localidad explicó que se tuvieron que capacitar para el uso de las herramientas de mapeo. “Al principio desconfiábamos un poco del uso de los GPS, hasta que descubrimos que podía ser de gran ayuda. El mapeo nos mostró la gravedad de nuestra propia situación, ya que por ejemplo de 130 familias de la comunidad, 120 tenían problemas de tierra, y todas estaban sin agua”, señaló.
Al precisar el contexto en el que se utiliza, Gabriel Seghezzo, director Ejecutivo de la Fundación destacó que “el mapeo participativo es una herramienta que se aplica en zonas en las que no hay mapas. Allí, las personas recorren el territorio que habitan, y marcan las distintas características del terreno. Con esa información luego se producen mapas, que les permiten salir de una visión personal del problema para ver que son problemas de muchos, de toda la zona, y eso cambia las cosas”, aseguró.
Por su parte la antropóloga Chiara Scardozzi, quien estuvo a cargo de la sistematización de los casos destacó que “es un modelo que produce conocimiento a distintos niveles: a la comunidad le brinda sus propios datos cuantitativos y cualitativos. Hacia afuera sienta las bases para las soluciones en conjunto, porque la información de los mapas es transparente, las partes las consideran neutral, esto es lo valioso”.
Entre otras autoridades, participaron del foro Cintia Guzmán, representante de FIDA Cono Sur, la subsecretaria nacional de Hábitat y Desarrollo Comunitario, Marina Klemenciewicz; Nora Lucioni, responsable del área SIG del ministerio de Agroindustria; el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Salta, Luis Gómez Almaras; el constitucionalista, Daniel Sabsay y el secretario ejecutivo de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), Lautaro Viscay.
También hicieron su aporte Paola Marozzi y Martín Simón de FUNDAPAZ, quienes comentaron los aspectos metodológicos del mapeo; Cristian Venencia de la iniciativa Land Matrix al referirse a los mapas que muestran las grandes transacciones de tierra en América Latina y el Caribe; Zulema Burneo de la International Land Coalition (ILC- ALC) quien presentó el rol que cumple la coalición en los procesos de acceso a la tierra y al agua en la región; y Martin Coria del Servicio Mundial de Iglesias (CWS) en América Latina y el Caribe quien contó el apoyo que brinda la entidad a comunidades y organizaciones de campesinos.
La presentación del libro “Ambiente y pueblos indígenas”, a cargo de Juan Rodrigo Walsh, de la Universidad Católica de Salta, y María Cristina Garros Martínez; ponencias sobre los contextos legales y regionales de estos temas, y los aprendizajes que dejaron los casos completaron la agenda del foro.
