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Mejoras productivas en la comunidad guaraní APG El Bananal

Héctor y José Giménez son dos jóvenes de la comunidad Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) El Bananal de Yuto, Jujuy. Trabajan una hectárea de tierra donde producen palta y mangos. Desde hace más de tres años, con el asesoramiento técnico de FUNDAPAZ, lograron mejorar varias cuestiones productivas de su emprendimiento como el cerramiento perimetral del predio, la instalación de un sistema de riego por goteo, y la diversificación de la producción.

Poco a poco comenzaron a encarar nuevos desafíos y empezaron a producir plantines injertados de dos semillas de tomates, destinados no sólo para la huerta de la comunidad sino también para la venta. Las mujeres se fueron sumando al trabajo, y hoy la calidad de sus productos hizo que aumentaran los pedidos, dando lugar a una fuente más de ingreso para las familias.

En el proceso de trabajo, los gestos solidarios también tienen un lugar en la comunidad. Uno de ellos, los vinculó con la escuela de la zona. “Nosotros donamos unas bandejas con plantitas de tomates y otras verduras para la huerta de la Escuela N° 142 de El Bananal; cuando los chicos las vieron comenzaron a preguntarse cómo se hacía eso, entonces los maestros nos consultaron si los alumnos podían visitar el invernadero. Nosotros no tuvimos problema, y ahí vinieron los chicos y chicas de 5° y 7° grado de la escuela. Dimos una charla explicándoles cómo se hacían los injertos y cómo se obtenían las plantitas. También les mostramos el invernadero”, cuenta José.

Escuela El Bananal2

Al dar detalles de la producción explica: “Los primeros años arrancamos con 5000 plantines de tomates injertados para comercializar, hoy en día con la incorporación de un nuevo invernadero, realizamos 30.000 injertos por tanda. Hasta el momento hicimos tres tandas, unos 90.000 plantines de injerto de tomate. La demanda es muy grande, tenemos pedidos de productores de Colonia y Pichanal en Salta, y de Fraile Pintado, acá en Jujuy; pero no logramos cubrirla totalmente por falta de espacio físico. No tenemos lugar para hacer más invernaderos. Si tuviéramos más espacio podríamos aumentar el trabajo, especialmente para las mujeres que trabajan acá.”

En la hectárea de tierra que manejan producen un 60% de paltas y un 40% de mango. “Tenemos diferentes variedades de paltas para alargar el ciclo de producción. La planta de palta rinde 40 kilos por planta más o menos, y el mango 50 kilos por planta. Los primeros años vendíamos toda la producción, que era poca, a la orilla de la Ruta Nacional N° 34. En estos momentos tenemos una producción grande, y logramos vender el 90% en Buenos Aires”, describe satisfecho.

Pilcomayo obras de agua criollos

El caso Pilcomayo, un proceso de regularización territorial con impacto nacional y regional

Este mes recibimos la visita de monitoreo de Simone Lehmann y Markus Buker, representantes de Misereor (Obra espiscopal de la iglesia católica alemana) quienes estuvieron en la Argentina para conocer el estado de situación del caso Pilcomayo, un proyecto que Misereor acompañan desde hace más de 20 años, y que tiene en su origen una disputa por el acceso a la tierra de 643.000 hectáreas en los ex lotes fiscales 55 y 14 en Santa Victoria Este,  norte de Salta,  donde hoy habitan en un mismo territorio más de 130 comunidades indígenas (reunidas en Lhaka Honhat y otras organizaciones) y 800 familias criollas (nucleadas en organizaciones criollas como la Organización de Familias Criollas –OFC- y otras) con cosmovisiones sobre el uso de los recursos naturales, culturales y productivas diferentes pero unidos en una lucha común por el reconocimiento a sus derechos a la tierra, el territorio y el manejo de los bosques, ríos y pastizales.

Antecedentes del caso

En 1998, Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a causa de la construcción en la zona de importantes obras de infraestructura sin ningún tipo de consulta previa, solicitando al Estado que formalizara su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra mediante la entrega de un título único, sobre una superficie unificada y libre de ganado vacuno. Dicho reclamo fue y sigue siendo apoyado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación de Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).

Como el proceso jurídico internacional se basó en el derecho indígena, fue necesario incorporar una visión política de acuerdos territoriales, que complementen el accionar legal internacional y den viabilidad a todo el proceso de reclamo al Estado argentino para lograr acuerdos generales de distribución de la tierra y los recursos que involucrara a todos los actores. Así en el 2000 se conformó el Proyecto Pilcomayo, una iniciativa apoyada por Misereor, Pan Para el Mundo, donde ASOCIANA y FUNDAPAZ inician el acompañamiento a los dos grupos, indígenas y criollos, promoviendo procesos de diálogo y acuerdos.

Se acordó una estrategia de trabajo única y se presentó al Estado argentino una propuesta de distribución equitativa de la tierra. Para ello, durante más de cuatro años los diferentes actores con el acompañamiento de las instituciones, generaron información mediante la elaboración de mapeos participativos, que permitieron ubicar a los puestos criollos y a las comunidades con sus puntos de uso territorial. También se relevaron datos sobre el estado de los recursos naturales y se sumó un censo poblacional.

El proceso colectivo de construcción de mapas sobre los territorios compartidos permitió visibilizar las formas de habitar, y utilizar la misma superficie por parte de indígenas y criollos.

Luego de un largo proceso de trabajo en 2007, y tras un acuerdo entre Lhaka Honhat y la OFC, el gobierno de Salta se firmó el Decreto 2786/07 por el cual se adjudicó y reconoció el acuerdo realizado por las organizaciones locales de otorgar 400.000 hectáreas a 42 comunidades indígenas existentes en ese momento, y 243.000 hectáreas a las 462 familias criollas que habían acreditado derechos. La acción de las organizaciones y la presión internacional hicieron que el gobierno nacional se comprometiera a realizar la regularización dominial  y un programa de desarrollo local.

En 2014, el gobierno de Salta oficializó el decreto 1498/14 por el que reconoce y transfiere las tierras en propiedad comunitaria a las comunidades y en condominio a las familias criollas.

Esto dio lugar a un proceso de relocalización y planes de reconversión ganadera para las familias criollas, y de manejo de recursos para las comunidades. En este contexto, el Estado argentino, ya sea por medio de la Unidad Ejecutora Provincial  (UEP) de Salta, o de diversos organismos nacionales asumió el compromiso de realizar las obras de infraestructura necesarias (apertura de caminos, construcción de viviendas, obras de acceso al agua, escuelas, puestos sanitarios, etc.) para lograr la regularización territorial efectiva y el desarrollo local.

Río Pilcomayo

El 2 de abril de 2020 la CIDH emitió un fallo en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs Argentina” en el que encontró al Estado nacional responsable de la violación de los derechos de la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de los pueblos originarios. La sentencia ordena medidas de reparación específica para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y la alimentación, la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena.

En este marco, hoy se continúa un proceso de negociación sobre la gestión territorial, el avance del plan de infraestructura, y sobre el uso de los recursos naturales para las dos poblaciones.

Al evaluar la situación actual, Ramón Pérez de Lhaka Honhat comentó durante la reunión con Misereor: “Van quedando menos dirigentes para acompañar a las comunidades, pero más que nada queremos seguir con este proceso y que se cumpla la sentencia. Para nosotros son muy importantes los acuerdos. La OFC fue la primera organización con la que nos pusimos de acuerdo. Tenemos que medir los límites. Avanzar con eso”.

Por su parte Esmérito Arenas de la OFC agregó: “Siempre estamos luchando por el proceso de la tierra. Va muy lento; algunos se están yendo y no tuvieron el título de la tierra”.

Dante Albornoz, de la misma organización destacó la importancia de los acuerdos. “Es un proceso lento y es fundamental que nos sigan acompañando y que la provincia se ponga las pilas”, insistió.

Al dar una evaluación general del proceso, Simone Lehmann, de Misereor dijo a los presentes en la reunión: “Me parece muy importante seguir adelante y pode cosechar los frutos de esta lucha para que puedan tener una vida digna, y cumplir con todos los acuerdos que ustedes lograron”.

El caso Pilcomayo es uno de los casos de regularización territorial más grandes del país por la cantidad de población y hectáreas que abarca. Su proceso de resolución es observado no sólo a nivel nacional sino también en varios países de la región.

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