Fue aprobada la Ley de Microcréditos

La iniciativa tiene por finalidad regular y promover el microcrédito para el desarrollo de emprendedores sociales. El proyecto, aprobado por unanimidad por la Cámara de Senadores, cuenta con el aporte de organizaciones que brindan pequeños préstamos a personas y grupos de escasos recursos.

La norma dispone la creación del Programa de Promoción del Microcrédito, la aplicación de un fondo de unos 100 millones de pesos (asignados a través del Ministerio de Desarrollo Social) y la puesta en marcha del primer Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
Este capital inicial será recibido por las organizaciones sociales, que podrán otorgar a los microemprendedores créditos que no excedan la suma de doce sueldos mínimo vital y móvil. Los microcréditos, dispone la Ley, quedarán exentos de los impuestos a las ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Valor Agregado.

De la exclusión al autoempleo

Los emprendedores sociales son personas o grupos de escasos recursos que, marginados por las condiciones socioeconómicas, fueron excluidos del mercado laboral y se vieron obligados a generar fuentes alternativas de autoempleo. Se caracterizan por: limitado acceso al crédito por falta de garantías, escasa formación técnica y de gestión empresarial, baja productividad en comparación con las grandes empresas, aislamiento de los emprendimientos entre sí y su desarticulación de los procesos de desarrollo local. Todo esto, en parte, contribuye a que sea prácticamente imposible para ellos competir en un mercado cada vez más agresivo.

El Licenciado Ricardo Biondi, coordinador de la Red de Programas de Microcréditos, señala, a modo de ejemplo: “el micro emprendedor de ingresos bajos, digamos $500 por mes, debe pagar el importe mínimo de 93 pesos del monotributo, desproporcionado con respecto a sus ingresos y, además, imposible si debe destinar fondos para alimentar a su familia, comprar materias primas, viajar para vender, etc.”

“Esta injusticia los coloca en una situación de excluidos, sujetos de persecución. –denuncia Biondi- Están imposibilitados para obtener precios más bajos para sus compras o acceder a nuevos y mejores mercados”.

Las Instituciones de Microfinanzas

De la mano del surgimiento de los “emprendedores sociales”, desde principios de la década del 90 se gestaron ONG y programas gubernamentales que impulsan un sistema de microcréditos con el objetivo de reinsertar al mercado de trabajo a los más carenciados, mediante préstamos que posibilitaran la realización de actividades productivas de baja escala. Los períodos de devolución y garantías se fueron ajustando de acuerdo a las características del emprendimiento.

Sin embargo, por más que el microcrédito haya demostrado ser una herramienta valiosa de promoción social y tenga un recupero mayor al 90%, desde un punto de vista operativo, el sistema es mucho más costoso que el de la banca comercial. Esto da como consecuencia altas tasas de interés, que las instituciones deben absorber para evitar que se trasladen a los emprendedores. De ahí la necesidad de la participación del Estado, según se fundamenta en el proyecto aprobado.

Por eso, en el marco de la “Jornada de intercambio para un proyecto de ley de promoción del microcrédito”, realizada en marzo en el Congreso Nacional, unas 250 organizaciones sociales vinculadas al sector reclamaron al Estado que asuma un rol de promotor de la Economía Social. Para ello, recalcaron, es necesario que asigne recursos económicos, brinde asistencia técnica, otorgue exenciones impositivas a las IMF y cree un organismo asesor que contribuya al seguimiento y evaluación de los programas de microcrédito. En otras palabras, que fortalezca con instrumentos legales y recursos diversas políticas sociales tendientes al desarrollo local desde un perfil productivo, trascendiendo así el rol de “aliviador” de las desigualdades sociales que asumió en años pasados.

La intención detrás de la Ley de Microcréditos, presentada por la legisladora santacruceña Alicia Kirchner, es mantener tasas más bajas que las del sistema bancario tradicional, asegurando con el apoyo económico y técnico del Estado tanto la sustentabilidad de los emprendimientos sociales como de las instituciones dedicadas a las microfinanzas.

Biondi explica que “las Instituciones de Microfinanzas tienen problemas para formalizarse (con los consiguientes costos) y para la obtención de exenciones por el excedente que cobran sobre el capital que prestan”.

“Es difícil, largo y costoso cumplir con las leyes y burocracia actuales, cuando enfrente hay funcionarios que no entienden la forma de trabajo y los beneficios que prestan estas instituciones”, apunta el titular de la red.

-¿Existe algún antecedente en la legislación argentina vinculado al proyecto de Ley de Microcréditos?

No a nivel nacional, aunque se presentaron numerosos proyectos sobre Micro Emprendedores e Instituciones de Microfinanzas, que no fueron tratados en el parlamento. Una de las diferencias de esta iniciativa es que incluye un fondo para créditos y subsidios que multiplica por diez el importe contemplado en un proyecto anterior.

-¿Cuál es el objetivo de crear un Registro de Instituciones de Microcrédito?

El Registro de IMF, contemplado en la Ley, y seguramente otro tanto con el proyecto de Micro Emprendedores que todavía está en estudio, es la manera de controlar que los incluidos sean los que la Ley pretende beneficiar y no otros. Seguramente este es el tema que está demorando la salida del proyecto de Micro Emprendedores.

Una solución al asistencialismo

Quienes abogan por la implementación de políticas sociales promotoras y superadoras de las prácticas asistenciales coinciden en que ésta es una alternativa valiosa para fortalecer a los más carenciados, y no desde un punto de vista meramente económico. En el texto que fundamenta la norma se aclara: “este proyecto de ley no es de finanzas, es de economía social y comprende el desarrollo de capacidades asociativistas, solidarias y de concientización de valores, lo que hace al crecimiento de la persona”.

Biondi considera que el éxito de la ley “depende de la forma de instrumentación (...), del mantenimiento en el tiempo del esfuerzo que significa para el Estado la política que está definiendo y de la reacción y organización de las instituciones para capacitar y multiplicar el número de beneficiarios”. Pero, advierte, “también depende de la preocupación y el esfuerzo de los propios emprendedores para ayudarse a mejorar el nivel de vida propio y de su familia”.

“Es una herramienta válida para reemplazar, en muchos casos, planes asistenciales por esfuerzo y vocación de trabajo –analiza Biondi-. Parece que va en serio esta vez la voluntad política de tener las leyes sobre microcréditos”.

Ayudas Económicas

_Con el objetivo de contribuir al proceso de desarrollo de las zonas en las que trabaja FUNDAPAZ, la institución implementa desde su orígen un programa de Ayudas Económicas, apropiadas a las necesidades de sus beneficiarios, tanto pequeños como medianos productores.
Mediante el otorgamiento de pequeños créditos, comodatos y subsidios, las organizaciones y las familias pueden acceder a tecnología e insumos que les permitan incrementar su productividad , realizar mejoras en sus campos y refaccionar sus centros comunitarios._